Un juzgado de Burgos determina que la Junta sí ofreció protección a los médicos en plena crisis
El Juzgado de lo Social número 3 de Burgos ha desestimado la demanda presentada por el sindicato CESM Castilla y León contra la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud, al considerar que no se había protegido al personal médico durante la crisis del Covid-19.
El sindicato alegaba que la Administración autonómica había vulnerado en sus hospitales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro el derecho fundamental de contar en su lugar de trabajo de las condiciones satisfactorias de protección de la salud y seguridad, como consecuencia de la inactividad de la Administración, que, consideraba, no había proporcionado al colectivo sanitario las medidas de protección necesarias contra el Covid-19, infringiendo con ello la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Ahora, la justicia acepta las argumentaciones jurídicas de los letrados de la Junta al considerar que no se ha probado que los médicos no hayan dispuesto en algún momento de los EPI necesarios, menos aún en el momento de la presentación de la demanda, momento en que la situación ya se encontraba totalmente controlada, de tal forma que los profesionales sanitarios han contado y cuentan con los equipos de protección individual necesarios para evitar el riesgo de exposición a la infección.
En la misma línea, se considera expresamente que esta situación descrita de suficiencia de equipos de protección se mantiene y es previsible que se vaya a mantener en los próximos meses, a la vez que se señala que, a la vista de los documentos aportados, resultan probados los esfuerzos realizados por la Junta de Castilla y León para poder suministrar los equipos de protección adecuados a los profesionales sanitarios para la prestación de sus servicios.
Todo ello permite al juzgado concluir que la Junta ha llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para dotar a los médicos que prestan sus servicios en los tres centros del área de salud de Burgos, así como en los centros sociosanitarios y centros residenciales de personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.
