Sin esperanza. ¿Porqué pasa lo que pasa en el Ayuntamiento de Burgos?

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha sacado adelante la aprobación definitiva de una ordenanza para la que no tiene competencias, tal y como asevera un informe del Secretario General.

Pero, ¿porqué ocurren estas cosas? ¿Cómo es posible en un Ayuntamiento se someta, en Pleno, a votación una ordenanza con un informe contrario?

No es la única pregunta. ¿Cómo es posible que se caduce, por dos veces un expediente sancionador, y la responsable no haya sido expedientada? ¿Cómo puede aprobarse una bajada de precios en Autobuses con la negativa del vicesecretario a opinar sobre ella? ¿Cómo pueden programar actividades festivas antes de que si quiera se hayan firmado los contratos? La lista de preguntas es infinita. Pero todo eso pasa, no por culpa de la incompetencia de nuestros concejales, que también, sino por culpa de las fiscalías y de los juzgados de instrucción.

Porque se haga lo que se haga, casi nunca pasa nada en el ámbito judicial. Las denuncias que se presentan, no pasan de la ventanilla. Las que se hacen públicas, no encuentran el trabajo de oficio de la fiscalía.

Los responsables políticos lo saben, de hecho, juegan siempre la baza de -si tiene usted algún problema, vaya al juzgado.

Sí existen algunas sentencias condenatorias que son residuales, en comparación con la cantidad de corruptelas que existen en todas las ciudades, y la de Burgos no es una excepción.

Esto general el caldo de cultivo de que todo puede hacerse y nunca pasa nada. Y lo peor de todo, a nadie parece importarle lo más mínimo.

Se vota en el Pleno un asunto en el que, según el informe de un funcionario habilitado nacional, el Ayuntamiento de Burgos no tiene competencia y no pasa nada. Los 27 concejales que están ahí, unos, los que gobiernan, se lo pasan por el arco del triunfo y otros, los de la oposición, se quejan pero siguen como ni nada. Nadie acude a un juzgado, total, ¿para qué?

Pero es que no hay que buscar ni rebuscar ilegalidades e irregularidades en los asuntos de mayor calado. En el mismo Pleno de este viernes, ha salido a la luz, por parte de la concejal Popular, Carolina Álvarez, que el concesionario del bar de las antiguas escuelas de Villafría, está alquilando un merendero municipal para eventos, cuando no tiene autorización sobre ello, pues es abierto al uso del conjunto del barrio. El propio concejal, Adolfo Díez, ha confirmado que ha ocurrido de forma «puntual». Pero no pasa nada. Además, el concesionario también hace uso de un despacho destinado a pediatría sin autorización, pero tampoco pasa nada.

Estamos viendo en el ámbito judicial exigencias y peticiones para subir los sueldos. Seguramente sea una reclamación justa y necesaria. Pero los ciudadanos también necesitamos a los fiscales y a los jueces para poner fin a este desprósito de gestión administrativa opaca y alejada de la ley. Pero ni parecen estar, ni se les espera.