¿Quién pagará la broma de la plaza santiago?

Grietas plaza Santiago (2)

A los vecinos de la plaza Santiago, sobre todo a aquellos que guardan sus vehículos bajo ésta, parecen haberles echado mal de ojo. Pero, hablando en serio, su mala suerte no viene de supersticiones y viejos conjuros, sino de unos responsables políticos y unos técnicos municipales, que no asumen ninguna responsabilidad por sus actos.

El último capítulo es consecuencia de la desidia de anteriores alcaldes, como Javier Lacalle o Juan Carlos Aparicio. Pero no hay que restarle ningún mérito a Daniel de la Rosa, que ha sabido conseguir su protagonismo propio, con línea argumental concreta, en el desastre de dicha obra.

Por cuando entró en la alcaldía se propuso arreglar la plaza. Quería hacer cumplir la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a restaurar la situación anterior, es decir, a que los dueños de las plazas no sufrieran de goteras, una vez se encontró responsable de estas al Ayuntamiento.

Pero las cosas se pueden hacer, muy bien, bien, mal, muy mal, y al estilo De la Rosa. Y como entonces no teníamos un muy buen alcalde, ni un buen alcalde, ni un mal alcalde, ni un muy mal alcalde, que solo teníamos a Daniel de la Rosa, pues así nos fue.

Tras aprobarse el proyecto, Daniel de la Rosa cursó visita al lugar y se reunió con varios de los vecinos, que le hicieron ver su preocupación por el hecho de que el proyecto no contemplase el arreglo de una parte del garaje aledaño, el de la calle Barcelona, que también resultó afectado.

Como era de recibo, las cosas como son, De la Rosa entendió que el Ayuntamiento debía hacerse cargo también de ese arreglo pero, aquí empiezan los problemas, sin que el proyecto cambiase una sola coma, se decidió actuar también en este segundo lugar.

Por el camino, la empresa decidió cambiar el material que iba a utilizar para cubrir la plaza. Se tenía que emplear asfalto fundido pero se utilizó aglomerado asfáltico. Un material más barato, casi la mitad que el primero, que era el que figuraba en el proyecto.

Nadie dijo nada. Nadie en la dirección de obra ni en el Ayuntamiento se dio cuenta de la singularidad. Fue el entonces candidato a la alcaldía por el PCAS, Domingo Hernández, el primero en dar la voz de alarma sobre esta modificación, de la que después recogió el guante el Partido Popular.

Pero todo esto se supo tiempo después. Porque las obras siguieron y se acabaron como si nada. El concejal de Urbanismo, Daniel Garabito, recepcionó la obra el 22 de septiembre de 2021, sabiendo ya que aún existían goteras en el garaje.

Garabito, por aquel entonces, decía que las goteras se debían al agua que se había filtrado durante las obras y que había quedado «atrapado» tras cubrir la plaza. Pero la cosa no fue así.

Rápidamente, al Equipo de Gobierno de Daniel de la Rosa se le empezó a poner la cara colorada, al no poder hacer una inauguración, por todo lo alto, del que iba a ser su primer triunfo. Tras conocerse que el asfalto final había sido modificado, era imperativo que las cosas no empezasen a torcerse para los de De la Rosa. Por eso, desde prácticamente el minuto uno, se quiso aparentar normalidad.

PP, VOX y Podemos en la oposición municipal, pedían pruebas, detalles, informes que acreditásen el error y exigían, al mismo tiempo, que los burgaleses no pagásemos un euro más de una obra que superó el 1.700.000 euros, sin que aún se diera cumplimiento a la sentencia.

El Equipo de Gobierno, con PSOE y Ciudadanos, buscaba salir airosos y sobre todo, dejar claro que ese cambio de asfalto, que no figuraba en ningún modificado, no había sido el cumplable. Había especial insistencia en las comparecencias del concejal Garabito en este extremo.

Tal es así que, como recoge la sentencia del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo, tanto el Grupo de Investigación de la Universidad de Burgos, AUSINCO, como los propios técnicos municipales confirmaron que las obras se hicieron bien y que el cambio de asfalto no fue responsable de nada. El ingeniero técnico de obras públicas de la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento aseguró en un informe, en 2022, que ambos materiales eran equivalentes.

Como todos los caminos se habían cerrado a la posibilidad de exigir nada a la empresa, el Equipo de Gobierno de Daniel de la Rosa empieza a dejar caer la idea de que, con 100.000 euros más, la cosa se arregla. Dinero que no sale de su bolsillo, sino del conjunto de los burgaleses. Aún así, el alcalde había reiterado en varias ocasiones que no quería que los ciudadanos desembolsasen más dinero para arreglar esta faena. Así, a las puertas de las elecciones municipiales, y habiendo dilatado los plazos todo lo posible, se saca de la manga un recurso: la declaración de lesividad.

Esta es una herramienta que existe en la administración pública para declarar lesivo un acto realizado por ella misma, de tal forma que se retrotrae el expediente al momento inmediatamente anterior al acto. Es decir, quería declarar lesiva la recepción de la obra, para poder decirle a la empresa que, con goteras, no aceptaba la misma.

El juez, en la sentencia a la que ha tenido acceso Canal 54, le recuerda al anterior asesor jurídico municipal, que para que un acto se declare lesivo debe existir «infracción del ordenamiento jurídico» y, de este, «derive una determinada lesion al interés público». Pero no se aprecia ni lo uno ni lo otro. Porque, la recepción de la obra no vulneró la ley y, en consecuencia, la lesión en el interés público no la causa el incumplimiento de la ley, sino la falta de profesionalidad de un Ayuntamiento, con funcionarios y políticos, que aceptaron la recepción de la obra en dichas condiciones.

Es más, el propio juez recuerda que la obra se hizo bien, no porque lo diga él, sino porque el Equipo de Gobierno ya se encargó de decirlo con los técnicos municipales y con el informe solicitado a la Universidad de Burgos.

Y aquí nos encontramos ahora. Para arreglar el desaguisado de la plaza Santiago no harán falta 100.000 euros, serán cerca de 200.000. Pero ¿quién tiene que pagar esta broma? Porque sería muy injusto que la paguen los burgaleses a escote. Más injusto aún que entre ellos estén los vecinos y usuarios del garaje, que llevan sufriendo las consecuencias durante décadas.

En el Ayuntamiento de Burgos se tomaron decisiones que condujeron a este escenario. Las tomó un alcalde, Daniel de la Rosa; las tomó un concejal, Daniel Garabito, que además es arquitecto de profesión; ambos se ampararon en informes técnicos de los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo del propio Ayuntamiento y, por si fuera poco, el intento de declarar lesivo el acuerdo lo preparó una asesoría jurídica también con trabajadores municipales. De los nombres y de los apellidos de los técnicos, poco podemos decir aún, puesto que el Ayuntamiento de Burgos sigue ocultándolos. Pero lo que está claro es que hay responsables, con nombres y apellidos, que deberían empezar a asumir las consecuencias de sus actos, porque el trabajo de desempeñan es importante. Además, el Ayuntamiento de Burgos tiene que tener asegurados a todos sus trabajadores para hacer frente a cuestiones de este tipo.

Así que, ¿quién va a pagar la broma? O, dicho de otra forma ¿porqué tendríamos que pagarla los burgaleses?

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