Priorizar la seguridad vial frente a las bajas emisiones

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El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, se comprometió hace meses con los grupos de la oposición a buscar soluciones al incremento de accidentes y atropellos que se estaban viviendo en la ciudad. Un compromiso que, por el momento, no ha pasado de aquellas palabras en sesión plenaria.

Mientras, el Equipo de Gobierno sí que ha seguido comprometiendo dinero en actuaciones cuya rentabilidad social para la ciudad va a ser más bien poca. Es el caso de los 3 millones de euros que se destinarán a la compra de cámaras y materiales para el control de accesos a la zona de bajas emisiones.

Desde las filas Populares piden al Equipo de Gobierno que priorice la seguridad vial y centre todo o parte de ese monto en mejorar la señalización de la ciudad.

La zona de bajas emisiones será obligatoria a partir de 2023, pero no es necesario que la zona se circunscriba a un anillo o zona concreta, puediendo llegar a ser toda la ciudad una zona de bajas emisiones. Lo cierto es que, atendiendo a los niveles de calidad del aire de Burgos, es poco previsible que a corto o medio plazo la ciudad vaya a tener que activarla, lo que implica que el gasto de esos 3 millones de euros, ni llegará a ponerse en funcionamiento o no, al menos, en un corto espacio de tiempo.

Por ello, desde el PP piden menos mecanismos de control para sancionar y más herramientas basadas en la prevención y la seguridad.

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