Prevaricación municipal. Todo sigue igual sobre las terrazas, pese al cambio de concejal

José Antonio López Movilidad (Abril 2024)

El nuevo concejal responsable de las terrazas de la ciudad, José Antonio López, se ha estrenado públicamente en este asunto demostrando un desconocimiento mayúsculo de la Ordenanza en cuestión. O eso, o, teniendo en cuenta que es abogado, ha intentado jugar con la opinión pública intentando camuflar las irregularidades de su área.

Yendo directamente a lo más disparatado que ha llegado a soltal, el concejal asegura que los establecimientos hosteleros que no cuentan con autorización para la instalación de la terraza, pueden mantenerla desde la solicitud hasta que el Ayuntamiento dicte una resolución.

Son varias las incoherencias en las que cae el concejal, empezando por el hecho de que la disposición transitoria que entró en vigor el 21 de febrero de 2024 no indica nada de eso.

Lo que sí indica algo al resepcto es la propia ordenanza municipal. De hecho, el artículo 44 de la ordenanza, en su apartado 3, señala como infracción muy grave «la instalación de terrazas sin autorización expresa o sin el pago de la tasa corresondiente».

La autorización de las terrazas se obtiene, únicamente, después del informe favorable del propio Ayuntamiento. Y una vez obtenido, se puede renovar actualmente. La peculiaridad es que tras el cambio de ordenanza, el 13 de mayo de 2023, todas las autorizaciones anteriores fueron anuladas y los hosteleros burgaleses se vieron obligado a solicitar nuevas autorizaciones.

Este abogado confunde estos terminos, interesadamente o no, dando a entender que la situación a la que se enfrentan los hosteleros es a una prórroga o renovación de sus autorizaciones, cuando de lo que se trata es de una nueva autorización.

Sea como sea, la ley dice lo que dice y no lo que al concejal le gustaría que dijera. Una irregularidad tan significativa que roza la prevaricación en uno de los casos más flagrantes conocidos en Burgos, por la magnitud del número de afectados, porque tiene carácter global a toda la ciudad, porque implica a las concejalías de movilidad, policía, licencias, servicios y hacienda y porque en ella se ven implicados también los concejales de cada una de estas áreas. Los hechos son tan graves y evidencian la incapacidad tanto del anterior concejal encargado, Ignacio Peña, como del actual. Ambos dos deberían dejar sus cargos en el Ayuntamiento y, en caso de no hacerlo, la que debería presentar su dimisión es la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, a quien el juzgado ha requerido ya en tres ocasiones que aporte documentación al respecto de este asunto.

Pero no es la única irregularidad que ha espetado el concejal este miércoles. El edil, dando por bueno su criterio de que, tras la solicitud ya se pueden instalar terrazas, entiende que haya 150 hosteleros que aún no hayan presentado su solicitud, porque cuanto más tarden, más tiempo podrán estar colocados sin autorización.

Más ilegal es aún, el plan del concejal José Antonio López para las terrazas adosadas a fachadas, que no solo están prohibidas por la propia Ordenanza, sino por la Orden Ministerial VIV/561/2010 del 1 de febrero. En su artículo 5, indica que todo itinerario peatonal discurrirá siempre se manera colindante o adyacente a la línea de fachada. Cuestión esta sobre la que ya existe una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 subrayando la prohibición de este tipo de terrazas. Pero a este abogado, metido ahora a concejal, le parece que hasta que el Ayuntamiento no monte el pavimento podotáctil, van a mirar para otro lado.

Miente el concejal. La normativa, vía Orden Ministeria o vía sentencia, es obligatoria para las empresas. La labor del Ayuntamiento, en este caso es la inspectora y, en su caso, sancionadora. La administración local es la encargada de velar por el cumplimiento de la norma. Aún así, el Ayuntamiento incluyó, con buen criterio, una alternativa en la Ordenanza para permitir estas terrazas construyendo pavimento podotáctil allá donde el Itinerario Peatonal Accesible no sea posible pegado a fachada. Pero hasta que éste no exista, lo que permite el Ayuntamiento es el incumplimiento de la Ordenanza y la Orden Ministerial, o dicho de otras palabras, la permanencia ILEGAL de estas terrazas.

Otra de las irregularidades que sotiene el nuevo concejal de Servicios, y lo hace a través de frases torticeras, tiene que ver con las terrazas instaladas en calzadas.

Tal y como queda acretidado en la Ordenanza, éstas se instalarán de manera habitual en época estacional, siendo la excepción, su instalación durante todo el año.

Artículo 9.
b) se pueden instalar durante todo el año para casos excepcionales en los que, además de lo descrito en el punto anterior, no se identifique que el número de plazas en la zona es sensiblemente inferior a la demanda de estacionamiento o se trate de situaciones en que las plazas suprimidas se compensen con la creación de otras en el mismo número en una zona colindante.

Como ya hemos explicado en muchas ocasiones, todas las terrazas instaladas en calzada, desde el pasado 16 de septiembre y hasta el próximo 15 de mayo, con independencia de tener autorización o un informe desfavorable al respecto, deberían estar retiradas de la vía pública. No se hizo, ni por parte de Ignacio Peña ni por parte del actual concejal.

La novedad es que ahora, según se conoce desde hace un mes, el Ayuntamiento ha informado desfavorablemente a 51 de las 52 solicitudes recibidas. Sin embargo, van a esperar al 22 de mayo para instar a los hosteleros a su retirada voluntaria. ¿Porqué al día 22? López sentencia que es en espera de que algún hostelero pueda presentar alguna alegación. Pero esto, puede ocurrir en cualquier momento, dentro del plazo previsto por la norma, que puede ser cualquier día, porque depende de la fecha de solicitud de cada hostelero y de la fecha en la que se dicte el informe favorable o desfavorable a cada hostelero.

Cabe mencionar la última de las irregularidades, que podría costar también algún disgusto al Ayuntamiento. El concejal de servicios asegura que el Ayuntamiento de Burgos ha emitido 663 recibos de la tasa por ocupación de la vía pública a 663 establecimientos que no tienen autorización para ocupar la vía pública. Es más, de hecho, para 2024, solo se han registrado 511 solicitudes para colocar terraza, es decir, se han emitido más recibos que empresas. Todo ello, en base a una ordenanza que ya no existe, porque dejó de estar en vigor en mayo de 2023.

Lo que es evidente es que todo el Ayuntamiento de Burgos, políticos y funcionarios, están incumpliendo reiteradamente su propia ordenanza, así como la citada Orden Ministerial, simplemente para encubrir la incapacidad evidente de la administración local a la hora de redactar una ordenanza y de gestionar las consecuencias de esta.

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