Pilar Lucio: «El Consejo de Seguridad Nuclear se pliega a las exigencias políticas del Gobierno»

La Secretaria de Cambio Climático del PSOE, Pilar Lucio, ha asegurado hoy que la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de continuar con el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de la central nuclear de Garoña “es una muestra clara de que las órdenes del ejecutivo en funciones se cumplen sin dilación y las peticiones del nuevo legislativo son totalmente ignoradas”.
Esta petición, que se ha hecho llegar al Presidente del CSN con copia a los integrantes del Consejo, está firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, y solicita la interrupción temporal de este proceso hasta la formación de un nuevo Gobierno.
Lucio ha recordado que el Parlamento es la institución a la que el CSN debe rendir cuentas. “Es una petición legítima, perfectamente realizable si el Presidente así lo quisiera, ya que es él quien decide los puntos del orden del día a incluir en los plenos del organismo que preside”. “El CSN ha vuelto a hacer caso a las exigencias de un gobierno en funciones y ha dado la espalda al Congreso de los Diputados una vez más”.
La portavoz socialista en materia de energía ha incidido en que “es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear en nuestro país que se puede autorizar que un reactor pueda operar 60 años, permitiendo una autorización administrativa de 17 años más, cuando en España el máximo para una renovación de autorización ha sido 10 años”.
“Pedimos sentido común y un debate sosegado sobre nuestro modelo energético en un proceso de transición, en el cual estamos la gran mayoría de acuerdo, pero en el que el Consejo de Seguridad Nuclear va en la dirección opuesta”. Así, anunció que los socialistas van a pedir la comparecencia del Presidente del CSN “para que explique con claridad los motivos de sus decisiones”.
Por último, Lucio ha recordado que el artículo 7 de la Ley de Creación del CSN dice textualmente lo siguiente: “El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese de Presidente y Consejeros”.