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Peña: “Es lamentable que la sumisión de la Junta a Rajoy se traduzca en unos 3.500 alumnos burgaleses sufriendo la reválida”

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La secretaria general del PSOE de Burgos y candidata al Congreso de los Diputados, Esther Peña, considera “lamentable que la sumisión de la Junta a Rajoy se traduzca en unos 3.500 alumnos burgaleses sufriendo la reválida”.

Así se refiere al hecho de que los estudiantes de sexto de Primaria de Castilla y León hayan tenido que realizar esa prueba, que se ha desarrollado el miércoles y jueves de esta semana. “Para colmo, todavía se desconoce si la calificación constará en el expediente y se ha preguntado por contenidos que no han sido impartidos en clase, un verdadero desastre que tiene como única explicación que el Ejecutivo autonómico del PP antepone claudicar ante Rajoy al futuro de los estudiantes”, critica.

La Junta castellano y leonesa es una de las cuatro comunidades que han decidido imponer, a juicio de la socialista, “este examen sin sentido”. “Solo han hecho lo mismo La Rioja, Galicia y Madrid -también gobernadas por el PP-, que igualmente han dado la espalda a agentes educativos y familias de alumnado que reclamaban que no se realizara, puesto que  genera un estrés innecesario en estudiantes de muy corta edad”, sostiene.

Además, Peña denuncia que, como complemento a la reválida, se haya puesto en marcha una aplicación informática para que los padres y madres introduzcan datos sobre su entorno privado. “Esta obligación es una intromisión completamente gratuita”, denuncia y aclara que esta cuestión también ha suscitado un gran malestar entre las familias afectadas.

Recuerda también que esta prueba es uno de los aspectos más controvertidos de la Lomce, “la normativa que ostenta el dudoso honor de ser una de las que mayor consenso ha generado: todas las partes implicadas están en contra”. “El PP es la única formación que la apoya frente al resto de partidos, representantes de padres y madres,  docentes,  estudiantes y la mayoría de los gobiernos autonómicos que se oponen claramente a esta ley por segregadora, autoritaria y clerical”, explica.

Así, Peña aclara que si el propósito real fuera, como defiende el PP, detectar los desajustes que pudieran producirse en el progreso académico del alumnado en la enseñanza primaria “lo lógico sería realizar la evaluación con anterioridad, puesto que carece de sentido obtener conclusiones sobre los fallos cometidos en la citada etapa cuando esta ha llegado a su fin y ya no caben acciones correctoras”.

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