Ordenanza de Terrazas ¿Quién es el funcionario responsable?

Concejal de Licencias y Seguridad Ciudadana Ignacio Peña
Concejal de Licencias y Seguridad Ciudadana Ignacio Peña

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos tiene que dejar de encubrir a los trabajadores municipales que, sea por el motivo que sea, no hacen correctamente su trabajo.

Porque detrás de cada resolución, hay una firma; detrás de cada error, hay un responsable. Por «populista» que suene hablar de sueldos, algunas de las nóminas de estos funcionarios son lo suficientemente significativas como para considerar que por el mero hecho de «hacer horas», ya estén justificadas.

Desde el pasado 13 de noviembre, el Ayuntamiento de Burgos está ignorando flagrantemente la ley. Son muchas, más de 500, las terrazas de establecimientos hosteleros de la ciudad que están funcionando sin licencia. Algunas de ellas, las que están pegadas a las fachadas, lo hacen además, en contra de una sentencia y limitando los derechos de accesibilidad de los ciudadanos.

Con todo, el Ayuntamiento de Burgos no está requiriendo su retirada. Aluden, desde Licencias, a que el problema lo ha generado el propio Ayuntamiento y no quieren perjudicar al sector. Pero, tal y como el concejal de Licencias y abogado de profesión, Ignacio Peña, sabe, la ley no es de aplicación discrecional. Hoy la cumplo si me va bien, mañana no la exijo, pasado solo a las personas rubias…

Está claro que la ordenanza de Terrazas tiene errores garrafales. El último de ellos, tal y como evidenció la pasada semana Canal 54, es el de la famosa disposición transitoria que se suponía que daba una prórroga de medio año a los hosteleros con autorización en vigor para solicitar la nueva. Una lectura detenida de dicha disposición evidencia que los hosteleros han estado sin autorización desde el mismo día en que entró en vigor la ordenanza, el pasado 13 de mayo.

Pues bien, ese error, más la limitación de 6 meses para la instalación del pavimento podotáctil en las zonas de las terrazas adosadas a fachada, más la incompatibilidad con la Ley de Procedimiento Administrativo sobre el silencio para la concesión de nuevas autorizaciones, evidencia que el trabajo en la redacción de la Ordenanza no se hizo bien. Siendo así, quién o quienes fueron los funcionarios responsables.

La solución nunca puede ser no cumplir la ley. Una administración pública está sometida a ella y si las consecuencias de la redacción de la ordenanza son negativas, no queda otra que cambiar la ordenanza. Eso sí, en tanto que se cambia, la Ley está en vigor. En aras de la transparencia, lo habitual será, en primer lugar aplicar la norma y en segundo, explicar quién es la persona responsable de dichas consecuencias, es decir, aquellos que redactan e informan las ordenanzas desde su elaboración hasta su aprobación.

De lo contrario, toda la administración pública sobra. Porque ¿de qué valen las normas si una vez hechas y aprobadas no se aplican porque no gustan? Sobra la administración local, sobra el juzgado, sobra todo.

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