Los vecinos de la calle Emperador, desesperados ante el «abandono» del Ayuntamiento y la Policía

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Los vecinos de la calle Emperador de Burgos, hartos del abandono de las administraciones y ante los últimos dos coches quemados este fin de semana, han empezado a reunirse y explicar, al resto del barrio qué está pasando. Lo han hecho este lunes, en la puerta de la iglesia de San Pedro de la Fuente.

Ellos tienen sospechas bien fundadas de quiénes son los culpables de estos incendios y de la inseguridad que se respira en zona. Según han explicado al resto de los vecinos y medios de comunicación allí presentes, todo empezó cuando una familia compuesta por una pareja, cinco menores de edad y una señora de mediana edad se instaló en el barrio. Los vecinos sostienen que, durante todo el tiempo que han vivido en la calle Emperador, han coincidido con otras familias con las que no tuvieron ningún problema, es más, la relación era buena. Sin embargo, fue con la llegada de esta nueva familia al portal número 2 de la calle en marzo de 2021, cuando los actos delictivos y los desperfectos comenzaron a aumentar.

En palabras de los vecinos, esta familia «ya ha sido expulsada» de otros barrios de la ciudad como El Crucero, San Cristóbal, San Julián o la calle Madrid. Es decir, son reincidentes en causar problemas en allá donde van. Además, los inquilinos de los bloques colindantes confirman que, en muchas ocasiones, en el edificio okupado entra gente a comprar droga y que la Policía también es conocedor de esto.

La familia llegó al barrio hace dos años y ocuparon el número 12 de la calle. Ahí permanecieron un año y tres meses hasta mudarse, donde ya cometieron actos incívicos como la inundación de un garaje debido a que el colector de aguas fecales reventó cuando la familia se instaló en el portal. Actualmente, residen en el primer y tercer piso del portal número 2, mientras que en el segundo vive una familia que ya lleva muchos años en ese bloque.

Los incendios se han sucedido desde febrero de este año hasta este octubre, sumando cinco vehículos calcinados, un colchón quemados y una pila de basura. Pero los vecinos llevan denunciando desde el 2021 esta realidad al Ayuntamiento y la Policía Nacional. La única respuesta que obtuvieron fue que se iba a aumentar la presencia policial, hecho que los vecinos niegan ya que apenas ven patrullas por la zona y cuando pasan por el bloque no actúan, dicen los vecinos, «con contundencia y como deberían».

Por otro lado, los vecinos informaron a los bancos propietarios de los hechos. Uno de ellos, Unicaja, propietario del primer piso, solicitó un alzamiento al juez. Parece ser que junio de este año era la prórroga que existía de suspensión temporal de desahucios, la cual ha sido prorrogada ahora hasta diciembre d este año. El otro banco, La Caixa, ni siquiera tenía conocimiento de lo ocurrido. Aun así, los vecinos no han vuelto a obtener respuesta alguna a pesar de persistir reiteradamente sobre el estado de la situación.

Los vecinos también solicitaron colocar cámaras de videovigilancia a la Policía Nacional, algo más complicado dado que la tramitación es lenta y requiere de la intervención de otras administraciones. La Policía Nacional se la denegó, en palabras de los vecinos, «amparándose en la ley de privacidad de datos». Muchos de ellos han presentado denuncias de forma individual Ayuntamiento, pero consideran que han sido «abandonados» tanto por la administración local como por la Policía Nacional. Los vecinos han mostrado su malestar y miedo ante esta situación, donde algunos aseguran que «ya no duermen tranquilos y que no dejan bajar a sus hijos solos a la calle».

La preocupación es mayor, dado que el número 2 es el edificio más antiguo del barrio, construido en 1885. Esto supone que su estructura es de madera, lo cual llevaría, según la versión de los vecinos, a que los incendios se propagaran con mayor facilidad por las viviendas en caso de que se siguieran repitiendo.

La pelota vuelve a estar en el tejado, tanto del Ayuntamiento de Burgos como de la Subdelegación del Gobierno, que es la que ostenta las competencia en materia de seguridad ciudadana.

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