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Los sindicatos del ámbito judicial protestan por las modificaciones legislativas que dificultan el acceso a la justicia

Cerca de medio centenar de personas se han concentrado hoy frente a las puertas de los juzgados de Reyes Católicos para protestar por las múltiples medidas proyectadas por el Ministerio de Justicia que llevan aparejadas una privatización de un servicio público esencial para  la ciudadanía.

Los convocantes han sido los sindicatos con presencia en el ámbito de la justicia (STAJ, UGT, CSIF y CCOO) quienes exponen que a la ley de tasas que «ya ha limitado notablemente por cuestiones económicas el acceso de los ciudadanos a la justicia», le ha seguido la pretendida reforma del Registro Civil que encomendaba este servicio a los Registradores de la Propiedad «lo que supone que los ciudadanos tengan que pagar por servicios que a la fecha se prestan gratuitamente». A esto hay que sumar ahora el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que se atribuye a los Procuradores la posibilidad de realizar actos de comunicación y de ejecución (como por ejemplo los embargos) siempre que uno de los litigantes lo solicite y a su costa.

Esto implica un encarecimiento de los procesos judiciales, pues ahora mismo, estos actos se llevan a cabo por funcionarios de la administración de justicia, sin coste alguno para el litigante. Además «supone también la pérdida de   imparcialidad del proceso judicial, pues se deja en manos de una de las partes interesadas  la realización de unos actos fundamentales que tienen consecuencias directas en el resultado del proceso, como son las citaciones, notificaciones, embargos, etc..»

Todos estos proyectos, exponen desde esto sindicatos, contribuyen  a dificultar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia en condiciones de igualdad, ya que al aumentar el coste de los servicios que se prestan, se crea una justicia diferente en función de la capacidad económica de las personas.

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