Los políticos imputados tendrán menos presunción de inocencia y serán apartados de sus cargos

Cada nueva medida que presenta el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallador, sobre la reforma de la justicia genera debate y controversia. Una de las últimas medidas esgrime la posibilidad de que, ante la imputación de cargos políticos en asuntos judiciales los jueces puedan suspenderles cautelarmente de sus cargos.
Dicho de otra forma, adiós a la presunción de inocencia.

Gallardón ha asemejado esta medida a la que existe hacia jueces y funcionarios, que pueden ser apartados de sus cargos cuando exista, contra ellos, causa abierta.
Esta medida puede entenderse también como un fracaso en la actitud de los políticos, que son quienes debieran tomar la dimisión como una medida habitual y digna de apartarse voluntariamente para que, tras una imputación, no exista ninguna sombra de duda.

Pero esta medida va un paso más allá porque, a diferencia de los jueces y los funcionarios, los cargos públicos son elegidos mediante sufragio. Tal y como han recordado en no pocas ocasiones muchos de los políticos imputados en distintos procedimientos, una imputación no es una sentencia de culpa, es una duda que se pretende aclarar. Es por esto que, pese a tratarse de una medida muy popular, sigue sin resolver el verdadero problema de fondo que se cierne en torno a la corrupción política y se convierte en maquillaje de cara a la galería.