ARCHIVADO EN

Los jueces «se pegan» entre ellos.

En un ejemplo más de la corrupción y politización extrema en la que se encuentran los jueces de este país, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como la Asociación Francisco de Vitoria (AFV), han rechazado las manifestaciones del presidente del Consejo General del Poder JudicialGonzalo Moliner, en las que se ha criticado a la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE.

Según las asociaciones, en una visión de las cosas absolutamente particular y alejada de la verdadera razón de ser del CGPJ,  el Consejo del Poder Judicial debe defender la independencia de los jueces, así como «amparar» el trabajo diario que «todos y cada uno» de los magistrados realizan en el «estricto cumplimiento de la ley, sin permitir injerencias ni presiones«.

Moliner dijo  que «habría que tomar medidas» si el retraso de las macrocausas sigue aumentando.

«Con más razón aún, el presidente del órgano de gobierno de los jueces no puede ser el medio ni el instrumento por el cual se efectúen juicios de valor que puedan ser interpretados, si quiera de forma velada, como una forma de presión o influencia que cuestione la independencia del Poder Judicial, ni mucho menos puede poner en tela de juicio el esfuerzo personal que está realizando la magistrada que lleva a cabo la instrucción del llamado caso de los ERE«, señala en una nota la APM.

Por su parte, la Francisco de Vitoria señala que «la indeseable politización del CGPJ, en la que pretende profundizar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en trámite parlamentario, se hace no solo visible y palpable, sino también terriblemente dañina al Estado de Derecho» cuando es precisamente el presidente del Consejo que «con sus expresiones públicas pudiera influir, interferir o presionar en el fondo o en la forma de resolver determinados asuntos sensibles a la clase política, de la cual proviene su nombramiento».

AFV  exige a Moliner una «especial prudencia» en lugar de manifestarse valorando lo que pudiera ser delito y qué no (caso de los escraches), y ahora evaluando la duración de una instrucción indudablemente muy compleja, en referencia concreta a la de los ERE, que lleva la jueza Alaya.

ARCHIVADO EN
OTRAS NOTICIAS