Las sentencias no retroactivas con las que el Constitucional legisla en lugar de impartir justicia

El Tribunal Constitucional ha perdido, hace ya algún tiempo, el sentido de justicia de debiera garantizar a cualquier tribunal y se dedica a legislar en lugar de a impartir justicia. Esto es lo que ha ocurrido, sin ir más lejos, con la famosa sentencia que ponía fin al impuesto de las plusvalías por entenderlo mal calculado.

Si una cosa está mal hecha lo está desde el inicio, es decir, desde el mismo momento en el que se empieza a cobrar este impuesto hasta el día en el que los ayuntamientos dejan de hacerlo. Eso se llama justicia. Lo que ha hecho el Constitucional es decir, esto está mal hecho desde el inicio pero solo se aplicará desde el momento en el que se dicta la sentencia y solo aquellos que antes de la sentencia hubieran reclamado, tendrán derecho a su devolución. Eso no es justicia, es legislar. Es crear una nuevo procedimiento.

Porque la única opción que le queda al ciudadano para defender sus derechos es recurrir o reclamar ante la justicia todo en todo momento, por si de pronto alguna sentencia dice que está mal o que es ilegal pero solo para los que lo habían recurrido con anterioridad.

Lo que hace el Tribunal Constitucional es proteger a los ayuntamientos, en este caso, pues tendrían que rascarse el bolsillo con una cascada infinita de solicitudes de devolución de dinero. Pero ese es un problema de los ayuntamientos, o de Hacienda si es la que hizo el impuesto, no del ciudadano que pagó un impuesto que hoy sabe que estaba mal calculado. No solo mal calculado, sino que su cálculo era inconstitucional.

No es la primera vez que este tribunal falla a medias. Lo ha hecho con la consideración, también de inconstitucionales, de los dos estados de alarma impuestos por el Gobierno en 2020. Son inconstitucionales, sirven para que los que fueron sancionados dejen de serlo pero nadie puede recurrir. ¿Qué clase de justicia es esta? Si algo está mal lo está. Si era ilegal proclamar un estado de alarma, lo era obligar a una empresa a cerrar y, por lo tanto, el daño causado al respecto es responsabilidad de quien sea. Pero el Tribunal Constitucional piensa en el lío que se montaría para los que mandan y tira por el camino del medio. Fue inconstitucional pero no pasa nada. Ni retroactividad, ni sanción para los que tomaron las decisiones, ni nada de nada.

Así pues, el Tribunal Constitucional sigue adelante con su actividad pero la justicia perdida en sus últimas decisiones, lamentablemente, tampoco tiene carácter retroactivo, así que ya no se podrá recuperar.