La privada gana a la pública en tasa de matriculaciones de Bachillerato

Castilla y León

La Sección Sindical de la CGT manifiesta su preocupación ante los últimos datos publicados por la Dirección Provincial de Educación, en los que se señala que la enseñanza privada consigue 10,5 puntos de diferencia más que la enseñanza pública en la tasa de titulación de Bachillerato.

Desde el sindicato apuntan que «no entienden estos datos», cuando el profesor de la enseñanza pública está más preparado al tener que superar un concurso-oposición, mientras que el docente de la privada es seleccionado por una contratación laboral, donde el aspecto de formación docente no es en muchos casos el más relevante.

El problema podría residir en los ratios que soportan los centros escolares públicos, que consideran «excesivos», con hasta 33 estudiantes por clase en la mayor parte de los centros educativos. Eso hace que la labor docente sea «mucho más difícil y menos personalizada».

Para la Sección Sindical de la CGT los datos que da la Dirección Provincial demuestran que es necesaria «una apuesta clara de los poderes políticos educativos por una enseñanza pública de todos y para todos», que garantice la calidad en recursos materiales, suficiente personal docente y no docente, formadora en nuevas prácticas y técnicas de la educación, además de ser laica e independiente de ideas religiosas y científicas.

Y es que desde la organización sindical denuncian las «graves carencias de profesorado» que vive la pública, en la que faltan además trabajadores sociales, de Audición y Lenguaje, o de Pedagogía Terapéutica. Incluso sigue sin aumentarse el número de orientadores, que sigue siendo uno, en aquellos institutos que superan los 500 alumnos tal como establece la Unión Europea al aumentar esta cifra.

Para poner solución a esta problemática, desde CGT solicitan que la nueva Ley de Educación que plantea el gobierno actual priorice la educación pública en igualdad de condiciones y sin introducir elementos de diferenciación económica o ideológica.

Además insisten en que la inversión debe superar el 6% anual del PIB para mejorar los centros educativos, en personal, en recursos materiales y tecnológicos, así como en la formación de docentes y no docentes en las nuevas tecnologías y en las prácticas educativas.

También solicitan que quien quiera ejercer el actual derecho constitucional a la libertad de enseñanza, se la pague si elige un modelo específico que no es el público, porque la constitución actual permite esa elección sin ningún tipo de restricción, pero no recoge la obligatoriedad de sufragarlo.