La olla podrida: RTVCyL

Méndez-Pozo

Los datos que ofreció ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León (JCYL) Francisco Igea, han escandalizado a todos los ciudadanos de la comunidad y dejado inconscientes al resto de medios de comunicación de la Comunidad Autónoma.

Muchos periodistas se preguntan, ¿No es igual de importante el trabajo que realizamos para nuestras ciudades que el que pueda realizarse desde Radio Televisión Castilla y León? Entonces ¿Cómo es posible que a esta empresa privada la JCYL este año vaya a darle al menos 12 millones de euros de subvención directa y a los demás nada?

Y decimos al menos 12 millones, porque según ha manifestado la propia JCYL :“Esta aportación de 6 millones de euros corresponde al primer cuatrimestre de 2020”. Por tanto y si el año tiene 3 cuatrimestres, no serían 12, sino 18 millones de euros lo que la JCYL aportará a la empresa privada de Michel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri.

Tras todo lo anterior, seguiremos aportando datos para el público conocimiento del escándalo.

¿Sabían ustedes que este dinero que viene entregándose “a paladas” dos expresidiarios, se está aprobando gracias a los votos a favor de todos los grupos políticos presentes en las Cortes de Castilla y León? Por tanto de este escándalo no se salva el PP, ni el PSOE ,ni PODEMOS, ni CIUDADANOS…, pues todos ellos están presentes dentro de la denominada Comisión para la Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, que es precisamente el órgano que “cocina” el principio de la corrupción.

Lo comprenderán mejor si les transcribimos la Disposición Adicional Segunda de la LEY 4/2009, DE 28 DE MAYO, DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE CASTILLA Y LEÓN:

“Segunda. Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre

1. Se crea, como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de comunicación, la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre de ámbito autonómico en la Comunidad de Castilla y León. Dicha Comisión determinará las necesidades de interés público que deben ser atendidas por este servicio, así como las condiciones para su financiación.

2. La financiación de las actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos de interés público se llevará a cabo a través de los instrumentos legalmente previstos y, en especial, a través de contratos-programa. Dicha financiación determinará que los mismos no constituyan alteración del contenido prestacional propio de la gestión del servicio público.

3. La Comisión estará compuesta por un representante de cada uno de los grupos políticos con representación parlamentaria y por los titulares de los centros directivos a los que correspondan las funciones en materia de comunicación y de telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, bajo la presidencia del Consejeroque ostente las competencias en materia de comunicación. Actuará como secretario un funcionario de esta Consejería nombrado por el presidente, con voz pero sin voto. Reglamentariamente se determinarán la organización y funcionamiento de la Comisión, a cuyas sesiones podrá asistir, con voz pero sin voto, un representante por cada una de las entidades concesionarias del servicio público”.

¿Saben que desde 2010 las televisiones privadas no son consideradas como un servicio de interés público?

¿Saben ustedes que, desde 2010 (Orden FOM/1271/2010, de 23 de agosto) RTVCYL dejó de ser por imperativo legal una concesión, perdiendo su titular la condición jurídica de concesionario?

Léanse ahora de nuevo los parrafitos anteriores. Mañana más.

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