La mayoría de los usuarios de redes sociales en españa hacen publicidad sin el aviso legal pertinente

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Casi la totalidad de los usuarios de redes sociales españoles hacen publicidad sin indicarlo de manera clara. De 40 de los creadores de contenido en redes sociales más populares en nuestro país, solamente 10 de ellos advierten de este tipo de promociones de manera clara, según revela un informe del Ministerio de Consumo. Es decir, si lo extrapolamos a un carácter más general, únicamente 1 de cada 4 creadores de contenido social indican qué parte de su contenido es de índole publicitaria.

La mayoría de ellos, en vez de utilizar las etiquetas de «colaboración», «publicidad» o “publicidad pagada” que existen específicamente con el fin de informar correctamente al usuario de las redes de la existencia de publicidad en una publicación, emplean términos confusos como son “ad”, “publi”, o un agradecimiento genérico a la marca involucrada en la campaña. Esto se puede considerar perfectamente «publicidad encubierta».

Hay que destacar que, cuando nos creamos una cuenta en una red social de carácter público y compartimos contenido, esto ya nos convierte en un medio de comunicación social como tal; con sus especificaciones concretas, pero no muy distante de un periódico, la televisión o la radio. Aún así, los usuarios no tienen dicha consideración cuando usan las redes sociales y en muchos casos ignoran las obligaciones o las regulaciones. De hecho, salvo casos puntuales, tampoco son tan perseguidas como el resto de medios.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que este tipo de publicidad encubierta es engañosa y puede ser dañina, sobre todo si va dirigida a menores de edad, es decir, los principales seguidores de un gran número de estos influencers. Ejemplos de publicidad dañina para menores es aquella que anuncia tratamientos estéticos, productos de adelgazamiento y otros relacionados con la salud. Éstos pueden perjudicar el desarrollo físico y mental de este grupo tan especialmente vulnerable a las opiniones ajenas.

Actualmente el Gobierno está en trámite de aprobar una norma por la que se regulan los requisitos a efectos de ser considerado un usuario de especial relevancia, según lo recogido en la Ley General de Comunicación. Esta normativa es mucho más exigente con los influencers en comparación a su situación actual, ya que define su actividad publicitaria.

Aún así, desde la OCU critican que ésta sólo se aplica a aquellos que tienen más de 2 millones de seguidores e ingresos económicos superiores a los 500.000 euros. Dejan fuera a aquellos creadores de contenido que, aunque no tengan tantos seguidores o ingresos monetarios, llegan a población especialmente vulnerable o cuentan con otras compensaciones como descuentos, viajes, productos gratuitos, etc, que no dejan de ser otro método de pago.

Otras exigencias que desde la Organización quieren implementar para este grupo de comunicadores serían, por ejemplo, su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual o que sean afectados por la totalidad de las normas y artículos que recoge la Ley General de Comunicación. También piden, entre otras exigencias, que los influencers estén obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil profesional, que la promoción de productos o servicios que afecten a la salud tengan restricciones, y que sean sometidos a auditorías e informes anuales para comprobar que cumplen las normas.

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