La Junta defiende la constitucionalidad del impuesto a Garoña

La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia ha presentado las alegaciones, defendiendo la constitucionalidad del impuesto a la afección medioambiental por el almacenamiento de residuos nucleares frente al recurso interpuesto por el Gobierno central. Este impuesto grava el depósito temporal en la central nuclear de Garoña del combustible radioactivo ya gastado y que según la Junta supone unos ingresos de 15 millones de euros al año.

En el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional se indica que este nuevo impuesto autonómico estaría estableciendo un gravamen sobre un hecho ya gravado por el Estado, vulnerando con ello, a su juicio, varios artículos de la Constitución y la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas.

Por el contrario, según el director de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, no existe la doble imposición denunciada porque los impuestos estatal y autonómico recaen sobre hechos distintos, uno “la producción objetiva de residuos” y otro “los posibles perjuicios medioambientales del almacenamiento de esos residuos”, respectivamente.

González Gago recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido en otras ocasiones que, en materia medioambiental, los tributos pueden ser expresión del principio “quien contamina, paga”, y en este caso estamos hablando, de forma concreta, del ingreso en la hacienda de la Comunidad de 15 millones de euros al año.

De hecho, la Comunidad de Castilla y León ya tenía tres hechos gravados por el impuesto de afección medioambiental referidos a agua embalsada, parques eólicos, y energía eléctrica de alta tensión y el Estado no puso en tela de juicio su constitucionalidad.

Para el director de los Servicios Jurídicos, el almacenamiento inicial del combustible gastado, que es la actividad gravada por el impuesto autonómico, es una actividad totalmente ajena al proceso de producción de energía eléctrica en una central nuclear, e incide sobre una fase del proceso de gestión de los residuos radioactivos que no está gravada por el Estado.

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