La Junta de Castilla y León, en contra del Gobierno de España por la Ley de Movilidad Sostenible

urrez pueblo

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León ha presentado alegaciones a la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno de España por no contemplar en ninguno de sus ámbitos la movilidad rural.

Según indican desde la Junta, de los 107 artículos de los que consta la norma, solo se hace referencia una vez a la movilidad rural, por lo que el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, considera que «es verdaderamente preocupante que una ley de movilidad únicamente haga una referencia a la movilidad rural, parece que la movilidad pública no es un elemento esencial de la lucha contra la despoblación y, si lo es, lo que queda claro es que no parece ser de la incumbencia del Gobierno de España».

Respecto a los servicios ferroviarios, la Ley de Movilidad Sostenible contempla que, si bien son una fórmula muy eficiente desde la perspectiva económica y ambiental, deben utilizarse solo en aquellas situaciones donde la solución vía ferrocarril sea competitiva y con alta demanda, excluyendo por completo las zonas rurales por la baja concentración de población. Además, desde la Junta trasladan que, de aprobarse la ley, supondrá «la defunción del transporte ferroviario de Media Distancia no solo de cara al futuro, sino que ataca directamente a los actuales servicios».

Por otro lado, el Gobierno de España quiere, en un plazo de dos años, que las comunidades autónomas asuman los gastos de las concesiones estatales de autobús y, además, suprimirán paradas intermedias, es decir, desaparecerán paradas que actualmente dan servicio a los núcleos rurales.

En cuanto al modelo de financiación de transporte público, se contempla exclusivamente la financiación del transporte urbano, creando el Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad (FESMO) olvidando el interurbano y el rural.

Finalmente, el anteproyecto de la Ley también contempla las bases jurídicas de un sistema de pago por uso de las autovías estatales, una exigencia que estaría recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y que supondría la implantación de peajes en la red de autovías estatales.

OTRAS NOTICIAS