La Junta aprueba su primer Plan de Igualdad

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El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, han presentado el I Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Comunidad de Castilla y León.

Este Plan, tiene por objetivo garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la igualdad de trato y de oportunidades que prestan sus servicios en la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos.

El Plan se sustenta en 3 pilares fundamentales como son el económico, el social y el personal y se desgrana a través de 8 ejes principales: aplicación transversal de la perspectiva de género; acceso al empleo público; igualdad en las condiciones de trabajo y en el desarrollo de la carrera profesional; ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral; salud laboral y prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género; atención a situaciones necesitadas de especial protección; formación en igualdad, información y sensibilización; y retribuciones.

El plan presenta importantes novedades en su elaboración, ya que se acoge de forma novedosa al nuevo marco normativo de ámbito europeo, estatal, autonómico, provincial y local en la materia, convirtiéndose en un hito para la Comunidad. Asimismo, otra de las novedades reside en las funciones, coordinación, planificación, promoción, y asesoramiento atribuidas a la Comisión Técnica de Igualdad de la Administración autonómica que, superando la mera labor de control y seguimiento del plan, permiten que la adaptabilidad del plan al mundo real, y su dinamicidad constante, supere la permanencia y estanqueidad de toda norma que se dicte en esta materia.

Finalmente, el consejero ha hecho hincapié en la importancia de reforzar la igualdad efectiva entre todas las personas que componen la Administración, en concreto entre las 61.578 mujeres y 24.293 hombres que tienen la enorme responsabilidad de velar por la buena prestación de los servicios en la Comunidad.

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