La Junta aprueba el Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, un compromiso de legislatura del Ejecutivo autonómico que defiende el municipalismo en Castilla y León y presenta la asociación voluntaria de municipios como la fórmula que permitirá la gestión de los servicios públicos municipales con calidad y de un modo eficiente. El texto que la Junta remitirá a las Cortes refleja su apuesta por el mantenimiento y la mejora de los servicios esenciales en el territorio y la defensa de las políticas de proximidad.

El texto final, aprobado en Consejo de Gobierno, cumple los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo autonómico, el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León y también refleja las aportaciones de ciudadanos, ayuntamientos, diputaciones provinciales y Federación Regional de Municipios y Provincias, además de otras aportaciones planteadas en la tramitación.

El proyecto de ley aprobado consta de cinco títulos -la ordenación del territorio; los servicios en el territorio; la gobernanza local; las mancomunidades de interés general; la fusión de municipios- que se desarrollan en sesenta y tres artículos y se acompañan de nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y quince disposiciones finales. En sus páginas se encuentran detalladas la definición de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, así como las características que han de reunir las futuras mancomunidades de interés general. En una fase posterior, que también se caracterizará por su alto grado de participación, se desarrollará el mapa de dichas unidades básicas que se recogerá en un decreto.

La ordenación del territorio parte de la creación de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que podrán ser rurales y urbanas. Las de carácter rural agruparán a los municipios menores de 20.000 habitantes, con continuidad geográfica, deberán tener como mínimo 5.000 habitantes y 30.000 como máximo, o bien, en función de la densidad, cuando esta sea menor a 15 habitantes por kilómetro cuadrado y como mínimo agrupe a 5 municipios. Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas se corresponderán con los municipios de más de 20.000 habitantes.