La Comisión Europea investiga la adjudicación del Hospital de Burgos por posibles irregularidades

La Comisión Europea ha puesto su ojo en la adjudicación del Hospital Universitario de Burgos. Tal y como adelantaba Cadena Ser el pasado sábado,  la denuncia de un particular ha puesto en aviso a la Comisión Europea sobre posibles irregularidades en la adjudicación del hospital de Burgos que podría haber incumplido varias directivas europeas y la Ley de Competencia al sospechar que la Unión Temporal de Empresas podrían haber contado con un trato ventajoso por parte de la Junta de Castilla y Léon.

Lo que ahora llega hasta la Comisión Europea no es nuevo. El sobrecoste del Hospital Universitario, junto con el retraso en su puesta en marcha, fue muy criticado por diversos partidos políticos.

Además en 2013 el canon se multiplicó por dos pasando a los 71 millones de euros, tal y como denunció en Canal 54 el Secretario Provincial del PSOE en Burgos, Luis Tudanca. En un primer momento el canon fijado en el concurso no superaba los 38 millones de euros anuales.

A esto se suma el papel que jugó la Junta de Castilla y Léon al presentarse como aval en la solicitud al Banco Europeao de crédito por valor de 128 millones de euros en favor de las empresas concesionarias, entre cuyos nombres figura Michel Méndez Pozo.
No en vano el PSOE de Burgos ha criticado en diversas ocasiones que el Hospital Universitario de Burgos sólo trae beneficios para la UTE concesionaria.

El propio Tudanca reconoció en Canal 54 que la única manera en la que han podido ir descubriendo el sobrecoste real del hospital ha sido a través de las cuentas de las empresas concesionarias. Sin embargo en 2013 las últimas cuentas presentadas de estas empresas eran las de 2010. De hecho el Ministerio de Economía ha abierto un expediente a la UTE concesionaria por la posible infracción de la Ley de Auditoría de Cuentas al no presentar en tiempo y forma las cuentas de 2011.

Quizás a través de la Comisión Europea se pueda arrojar algo de luz. Y es que, tal y como se demostró en el caso de las cláusulas abusivas de las hipotecas, tienen que venir de fuera personas que no tienen trato directo con los responsables políticos españoles y que no necesitan rendir cuentas al político o empresario de turno para aplicar la ley.