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Jueces para la Democracía denuncia la «grave» situación de la Administración de Justica

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El Secretariado de Jueces para la Democracia ha denunciado la grave situación en la que se encuentra la administración de justicia y su trasunto necesario, la independencia judicial, con la falta de un proyecto político claro, valiente y definitivo que afronte todos y cada uno sus problemas y deficiencias endémicas, así como la situación de atasco, colapso y precariedad en que se encuentra.

Desde este colectivo se observa además con preocupación la constante instrumentalización de la Justicia en el debate político más allá de un proyecto para su modernización y mejora.

Jueces para la democracia recuerda que desde la aprobación de la ya obsoleta Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se han sucedido múltiples reformas y continuos parcheos así como innumerables proyectos de reforma (los conocidos como “Libros Verdes o Blancos”), que, o no han sido tomados en consideración por los sucesivos gobiernos, o no han aportado solución alguna.

Por estas razones, así como por el sistema de designación de sus miembros y la excesiva politización en muchos y repetidos aspectos del desarrollo de sus funciones, desde Jueces para la Democracia se apostó en su día por rechazar y no validar, con su aportación de candidatos asociativos, ese modelo y pedir su inmediata derogación.

Desde Jueces para la Democracia solicitan un modelo de Consejo General del Poder Judicial garante de la independencia judicial, cuyos doce vocales jueces sean elegidos directamente por los Jueces y Juezas, en el que estén representadas las distintas sensibilidades de la carrera judicial y con pleno respeto de la igualdad de género.

En tanto que así se establece y desarrolla, reclaman del actual Consejo la defensa de sus competencias «frente a injerencias indebidas e intolerables del Ejecutivo en la independencia judicial, concretadas en los intentos de instrumentalizar la Administración de Justicia en su propio interés».Asimismo, exigen del CGPJ el respeto a la libertad de expresión de juezas y jueces y un cumplimiento «escrupuloso» de los principios de legalidad, mérito, capacidad e igualdad de género en la política de nombramientos y concursos.

Jueces para la democracia sentencia además que el profundo malestar de la sociedad española sobre las continuas noticias sobre casos de corrupción reclama un poder judicial fuerte, único garante de corregir las desviaciones de poder, lo que implica medidas tales como un nuevo modelo de proceso penal, ágil y moderno, apto para combatir los complejos casos de delincuencia organizada o las tramas de corrupción, o la reforma de las leyes sobre urbanismo y contratos de las administraciones públicas así como las privatizaciones para lograr una mayor transparencia en su ejecución, y dotar a la Inspección de la Agencia Tributaria de mas personal y medios materiales para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

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