Jueces y fiscales de Burgos exigen medidas para mejorar la situación de la Justicia

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Los Magistrados, Fiscales y Jueces de Burgos han manifestado este jueves su intención de adherirse a las medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales el pasado mes de junio, así como las peticiones efectuadas por las Asociaciones Fiscales con el objetivo de mejorar su Estatuto.

Y es los Magistrados del TSJ de Castilla y León, de la Audiencia Provincial y de los Juzgados de Burgos, así como, Fiscales de la Fiscalía de la Comunidad y la Provincial de Burgos, han acordado manifestar a través de un comunicado público dirigirse a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que, con la urgencia que exige la situación de la Justicia, se acuerden una serie de medidas.En primer lugar solicitan que se refuerce la independencia judicial a través de una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial, para que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad. Así mismo que se retiren las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función judicial y quitan competencias al CGPJ.

Así mismo, que se modifique el sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, y se realice en base a criterios objetivos, suprimiendo a los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos. También proponen que se ampare a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia.Por otro lado plantean modernizar la Administración de Justicia en base a los criterios de calidad y eficacia. Para ello proponen un plan de inversión prolongado destinado a incrementar las plantas judiciales y fiscales, convocando al menos 300 plazas por año, modernizar los edificios judiciales y fiscalías, integrando procesos de digitalización. Al mismo tiempo abogan por la racionalización de la planta judicial, porque a día de hoy se atienden 126 asuntos por cada 1000 habitantes.

También exigen mejorar las condiciones profesionales de los jueces y magistrados, a través de una convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010. Así mismo plantean que se recupere el régimen de vacaciones y permisos que se suprimió y se implanten unas cargas máximas de trabajo.

En el ámbito del Ministerio Fiscal, exigen la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto, la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos, la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado, el refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal y su autonimía presupuestaria.