Firmado el convenio para simplificar los trámites de viticultores en Ribera del Duero

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El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha firmado el convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Consejo Regulador de Ribera del Duero.

Este acuerdo tiene como objetivo agilizar la tramitación administrativa para los 7.500 viticultores asociados a esta denominación de origen, quienes a menudo se ven afectados por problemas burocráticos derivados de la disparidad de información entre diversos registros.

García-Gallardo ha expresado su satisfacción por este convenio pionero, destacando que simplificará los trámites burocráticos y permitirá a los viticultores dedicarse más a la producción de los destacados vinos de calidad de Ribera del Duero.

El convenio, suscrito por el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas Merino, y el presidente del Consejo Regulador , Enrique Pascual García, establece la creación de una plataforma de intercambio de datos telemáticos. Esto facilitará la reconciliación de la información entre el Registro Vitícola de la Consejería y el de la denominación, eliminando la necesidad de realizar manualmente las 2.600 actualizaciones anuales y reduciendo el riesgo de errores.

Según la Consejería de Agricultura, cerca del 10 % de los titulares de explotaciones en el Registro Vitícola no tienen datos actualizados, equivalente a unas 3.000 hectáreas de viñedo con posibles incidencias. El acuerdo permitirá un intercambio de información telemático sobre códigos de plantación, ubicación de explotaciones y otros datos técnicos, aportando además seguridad jurídica.

El vicepresidente ha resaltado que este convenio es solo el primer paso y ha anunciado la intención de extender la colaboración a otras denominaciones de origen en Castilla y León, beneficiando a otros 11.000 viticultores con desafíos similares.

Adicionalmente, García-Gallardo presidió la Comisión de simplificación administrativa, donde se presentaron 16 propuestas de las 48 realizadas por la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León. Estas medidas buscan flexibilizar autorizaciones en diversos ámbitos, reduciendo cargas y trámites burocráticos en línea con la estrategia de una administración facilitadora. Entre las reformas destacan la supresión de autorizaciones ambientales para la industria automotriz y simplificaciones en actividades cinegéticas, micológicas y energéticas.

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