Escondiendo la información de Juzgados y Tribunales
Como les hemos comentado en alguna ocasión desde Canal 54, nos hemos dirigido a las distintas instancias judiciales para que se nos faciliten una serie de datos que nos parecen importantes.
En concreto, se trata de saber cuántas de todas las sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo de Burgos y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, han sido favorables a los demandantes. Esto es, a los ciudadanos.
Y todo ello porque queremos confirmar que todos los magistrados, tanto los de los juzgados del orden contencioso-administrativo de nuestra ciudad como los de la Sala de Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se encuentran siempre mucho más orientados a dar la razón a las administraciones públicas que al ciudadano. Esto es curioso cuando el artículo 117 de nuestra Constitución señala en su apartado uno que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial».
¿Cómo es posible entonces que, si la justicia emana del pueblo y se administra por los tribunales, siempre sean precisamente los ciudadanos quienes salen perjudicados en las valoraciones de los asuntos que se someten a su consideración en el ámbito contencioso-administrativo?
Dicho en un lenguaje más sencillo, ¿cómo es posible que, cuando se trata de interpretar si una administración pública ha actuado conforme a la ley o no lo ha hecho, los tribunales busquen siempre todo tipo de excusas para justificar que la actuación de nuestras administraciones públicas casi siempre está bien y que aquello que reclaman los ciudadanos casi siempre está mal?
Dice el artículo 117 de la Constitución Española que los jueces y tribunales «se someterán únicamente al imperio de la ley»; y nos seguimos preguntando: ¿pero de qué ley?
Porque, si la ley dice que la Administración tiene obligación de contestar expresamente a los ciudadanos, cada vez que no lo hace los tribunales deberían sancionar a la Administración correspondiente por ello. Sin embargo, no lo hacen nunca. Si la ley dice que, para llevar a cabo una serie de actuaciones, la Administración ha de cumplir con una serie de requisitos, si falta uno, lo actuado no será conforme a la ley. Sin embargo, si quien lo ha hecho mal es la Administración, los tribunales se encargarán de buscar una explicación que se apoye en la sobrecarga de trabajo, en la intrascendencia del trámite que no se ha cumplido, en fin… en cualquier cosa que les venga a la mente, menos en actuar con escrupulosidad, exigiendo a las administraciones públicas que cumplan la ley y adoptando una posición siempre favorable al ciudadano que invoca estas carencias.
Y esto es precisamente lo que les queremos acreditar con la información solicitada para evidenciárselo a todos ustedes.
Pero, para ello, necesitamos disponer de una documentación que los tribunales y el Consejo General del Poder Judicial esconden.
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Temas: Corrupción Justicia
