Esconder y dificultar el acceso a los documentos públicos

Decía un alto funcionario de al Administración Pública en unas jornadas, a propósito de la Ley de Transparencia, que nadie había sido condenado nunca por no dar un documento, pero sin embargo sí lo había sido por hacerlo.Ante esta demoledora realidad, conviene cuestionarse sobre quien recae la responsabilidad de este corrupto funcionamiento administrativo y de este modo de pensar.

Es evidente, que los ciudadanos tienen un derecho de acceso a los registros públicos que ya figuraba en la Ley desde al menos 1992, pero que la comodidad y las ganas de chanchullearlo todo, fueron haciendo que, entre unos y otros, entre políticos y funcionarios, se fueran generando todo tipo de barreras para que el ciudadano  pudiera llegar a conocer aquellas cuestiones que por ser de naturaleza pública, debían poder ser conocidas, sin más trámites y en plazos brevísimos.

A este modo de comportarse, totalmente vergonzante e inaceptable para el ciudadano honrado, han contribuído de manera esencial los Juzgados y Tribunales,que han estado más preocupados de exigir «hasta la sinrazón» la acreditación de un interés legítimo del solicitante de los documentos, que de comprender que se trata de la cosa pública, y que por lo tanto por su naturaleza, no necesita ser peticionada con ninguna justificación.Baste el que quiero conocer y saber lo que pasó.

El Procurador del Común de Castilla y León es rotundo en la materia, y esta es la linea que han de seguir los Juzgados y Tribunales y no, una serie de pronunciamientos antigüos y desfasados que, además de proteger a los corruptos, no responden a lo que quiere la ciudadanía y que permiten que los funcionarios públicos siempre estén mucho más predispuestos a no facilitar documentos ni informaciones, que a cumplir con la Ley y darlas sin más reparos y ambages que la necesaria depuración de los datos personales.

Hay un antes y un después de la Ley de Transparencia, de la Crisis, de la Púnica, Los Eres, Bárcenas,.., y en Castilla y León, hay que poner fin al oscurantismo y exigir las oportunas responsabilidades de quienes lo protegen y dan cobijo.De ello son responsables en gran medida los nuevos grupos políticos.

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