En Castilla y León se vulnera el derecho del ciudadano al acceso telemático a las administraciones

La administración pública en Castilla y León, ya sea la Junta, el Ayuntamiento o las Diputaciones, está a años luz del cumplimiento de la ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Y es que bajo excusas como implantación gradual de nuevos sistemas informáticos o similares, las administraciones públicas olvidan que, a través de la Ley 11/2007, de 22 de junio los ciudadanos tienen el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 Vnculo a legislacin de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

Es decir, que un ciudadano pueda comunicarse con su administración a través de Internet no es una mejora o un extra que ofrece la administración sino un derecho reconocido por la ley. La falta de esos mecanismos es la vulneración del derecho del ciudadano. Y es un derecho total, no en parte, ni progresivamente, ni en aquellos servicios que considere el responsable político de turno.

Pero como siempre en este país no pasa nada. La administración pública puede dejar de lado el cumplimiento de las leyes con un simple «no podemos» como ocurre, por ejemplo, con la ley de morosidad que obliga a pagar en 30 días.

La ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos data del año 2007, es decir, ha transcurrido tiempo suficiente para que las administraciones públicas adaptasen la totalidad de sus sistemas, invirtiendo el dinero necesario para ello, ya que en este caso no se trata de abrir un debate sobre si es prioritario o no, sino que es un derecho del ciudadano.

En comunidades como Cantabria este acceso está mucho más avanzado y ajustado a la propia ley. Si comparamos la SEDE ELECTRÓNICA que tiene la página web del Gobierno de Cantabria con el apartado GOBIERNO ABIERTO existente en el portal de la Junta de Castilla y León podemos observar las enormes diferencias sobre las posibilidades que tiene un ciudadano para relacionarse telemáticamente con su administración.
Entre otras funciones el Gobierno de Cantabria cuenta con el Registro Electrónico Común, un servicio que permite la presentación de cualquier solicitud, escrito y comunicación remitida a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Esto, en la web de la Junta de Castilla y León es inexistente y sólo permite a los usuarios acceder a ciertos servicios telemáticos pero no realizar registros a cualquier órgano de la administración.