El zasca del juzgado a la Zona de Bajas Emisiones que improvisó, a toda velocidad, Daniel de la Rosa

Exteriores Ayuntamiento Burgos (Septiembre 2022)

El anterior Equipo de Gobierno, liderado por Daniel de la Rosa, empezó la casa por el tejado a la hora de realizar el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones para la ciudad. Se le avisó por activa y por pasiva. Lo hicieron los grupos de la oposición; lo hicieron los colectivos de movilidad; lo hicimos algunos medios de comunicación, este al menos que siempre se moja en las cosas que afectan directamente a los burgaleses.

Pero Daniel de la Rosa se creía que sabía más que los demás, hasta que el juzgado ha vuelto a pronunciarse. En un primer momento, a instancias de la exportavoz de los Populares, Carolina Blasco, se paralizó de forma cautelar el contrato que, finalmente, ha derivado en una sentencia que anula el expediente de contratación a Etralux.

Esto ha provocado un vuelco en uno de los puntos del día del orden del Pleno Municipal, cambia los planes del Equipo de Gobierno y hace peligar la subvención de los Fondos Europeos, tanto para la Zona de Bajas Emisiones como para otras actuaciones en materia de movilidad, hasta los 7 millones de euros.

De la Rosa ha intentado, este viernes, dar alternativas para salvar su chapuza, aludiendo, evidentemente, en que no comparte el criterio del juez. Asume que sacó adelante todo «sin un solo informe en contra», aunque en más de una ocasión, la oposición del mandato anterior acusó al Equipo de Gobierno de esquivar la fiscalización técnica.

Todo arranca por las prisas de sacar a concurso un contrato para instalar los controles de acceso a la Zona de Bajas Emisiones, sin aportar documentación necesaria al mismo, entre ella, la Ordenanza que regula, precisamente, cual es esa Zona de Bajas Emisiones y los criterios a seguir para su acceso.

Por ello, el Equipo de Gobierno pretende rechazar la aprobación de la Ordenanza redactada por el anterior Equipo de Gobierno y redactar, a la mayor brevedad, una nueva norma.

A partir de ahí, habrá que realizar todos los pasos, otra vez, para tenerlo listo antes del 31 de diciembre de 2024, a riesgo de perder esas subvenciones.

La decisión judicial, que el Ayuntamiento no va a recurrir, implica además el pago a la empresa por la resolución del contrato con la empresa Etralux.

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