El Supremo devuelve a las 22.00 horas el toque de queda de la Junta

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El Tribunal Supremo corta en seco el Toque de Queda impuesto por Mañueco e Igea. Esto es, al menos, lo que publica el diario El Mundo, aludiendo fuentes jurídicas, pues hasta este momento, no hay comunicación oficial.

Lo único que sí se sabe, porque lo ha confirmado la propia Consejera de Sanidad, es que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá públicamente esta tarde para opinar al respecto del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Atendiendo a las explicaciones dadas por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, no cabe esperar ningún tipo de responsabilidad política por parte de quienes gobiernan esta comunidad, a pesar de haber cercenado la libertad de movimiento de los ciudadanos, 2 horas al día durante todo un mes, fuera de los criterios que, a priori, marcaba el estado de alarma.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo pone de relieve que, de acuerdo a lo explicado por la propia Junta de Castilla y León, ésta sostiene que poseía otras herramientas para frenar la pandemia, con independencia de que fuesen o no más lesivas, descartando así el argumentado esgrimido por PP y Cs en las últimas semanas.

Respecto al argumentario que de la Junta que hacía alusión a la franja horaria que acota la herramienta del Estado de Alarma, reseña que «los límites máximos y mínimos dentro de los que las autoridades delegadas en el estado de alarma pueden adelantar y atrasar las horas de inicio y finalización de la limitación de la libertad de circulación están fijados con toda precisión» y recuerda que éstos están fijados entre las 22,00 y las 00,00 horas el de inicio, y entre las 5,00 horas y las 7,00 horas el de finalización.

Asimismo, reprocha al Gobierno autonómico la justificación de que la medida pretendía salvaguardar a los ciudadanos, advirtiendo en todo caso de que éste debe ser un objetivo de todas las administraciones, incluido el propio Tribunal Supremo.

En este sentido, hace alusión a la vulneración de los derechos fundamentales y sentencia que «la consumación de una restricción ilegítima del derecho fundamental sería absolutamente irreparable (…) para todos los ciudadanos afectados» y considera que «la argumentación de la Junta de Castilla y León para sostener que dispone de la facultad de agravar la restricción de la libertad de circulación es, in icto oculi, esto es, de un vistazo, contraria a la predeterminación que viene impuesta por la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de estados de alarma excepción y sitio» ya que «todo el alcance de la limitación de los derechos fundamentales afectados por el estado de alarma debe estar expresamente previsto en dicha norma».