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El Supremo deniega el suministro cautelar de material a sanitarios

Médicos, enfermeros, Hospital

Informábamos ayer en nuestro ultimátum a la Junta, de las decisiones judiciales procedentes de los juzgados de lo Social de Salamanca, Ávila, León, Zamora y Segovia, en las que se había dado un plazo de 24 horas a la Consejería de Sanidad para suministrar equipos de protección individual (EPI) al personal sanitario.

La realidad en estos momentos es un tanto confusa, en tanto que los decisiones de estos juzgados entran en conflicto con otro tipo de decisiones adoptadas , incluso por el propio Tribunal Supremo denegando al petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que cansados de pedir el material de protección al Ministerio de Sanidad acudieron a los tribunales al reclamar lo que la OMS considera que necesitan para desempeñar su labor, sin poner en riesgo su vida ante la pandemia de coronavirus.

Dice el Supremo, sala de lo Contencioso Administrativo “que son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando todo tipo de iniciativas” por lo que concluía que no cabía estimar la solicitud cautelar realizada.

Al igual que el Supremo se ha pronunciado el Juzgado de los social de Tenerife respondiendo a una solicitud de UGT, señalando que dado que el gobierno ya está intentando obtener el material, su petición “resulta imposible”. Justo lo contrario a loa que acordó otro juzgado en Gran Canaria ante la misma petición.

A este batiburrillo podemos añadir una resolución favorable a la entrega de material realizada por un Juzgado de Madrid, Valencia y Zaragoza.

Sin embargo en contraposición a las sentencias de los Juzgados del Orden Social, ha sido la Sala de lo Social del TSJ de Canarias quien, acogiendo el pronunciamiento del Tribunal Supremo citado, básicamente al no contemplarse los incumplimientos que podrían servir para fundamentar la aceptación de la medida cautelarísima planteada, no sin realizar un reconocimiento expreso a la labor de los trabajadores sanitarios.

No parece que, al margen de la irresponsabilidad e incapacidad acreditada modo de actuar de algunos de nuestros políticos, de lo que deberán responder personalmente una vez finalizado el gravísimo problema sanitario, pueda predicarse ningún tipo de intencionalidad en retener material sanitario alguno para nuestros profesionales, sino que más bien es una preocupación de la Junta y compartida por todos los españoles en que ellos sean los primeros destinatarios de dicho material.

Los tribunales deberán unificar cuanto antes su postura, por el bien de todos.

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