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El PSOE pide a la Junta que haga efectivo, con carácter retroactivo, el derecho a prestación de las personas dependientes de Grado I

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El PSOE pide a la Junta, y así lo defenderá a través de una Proposición No de Ley en Pleno de las Cortes, que haga efectivo el derecho a prestación de las personas dependientes de Grado I con efecto retroactivo desde el 1 de julio “como prometió.”

Por ello el PSOE exige al gobierno de Juan Vicente Herrera que habilite crédito suficiente para garantizar la atención a las 21.000 personas de Castilla y León con dependencia Grado I afectadas por la demora establecida por la Junta para su incorporación Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Además, el PSOE solicita al gobierno de Castilla y León que inste al Gobierno de Rajoy a que convoque el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia exigiendo la financiación que le corresponda para garantizar una respuesta diga y rápida a las personas en situación de dependencia moderada.

La portavoz socialista de Familia en las Cortes de Castilla y León, Marta Olmedo ha informado de la iniciativa socialista ante la nueva moratoria de seis meses que de facto está aplicando la Consejería de Familia a los dependientes Grado I.

Olmedo explicó que llegado el 1 de julio, fecha marcada por el fatídico Real Decreto del 13 de julio de 2012 en el que el Gobierno de Rajoy impuso recortes en la aplicación y recursos de la Ley de Dependencia, estableciendo una nueva ampliación de la moratoria hasta el 1 de julio de 2015 para las personas con dependencia moderada, agrupadas ya en Grado I al ser eliminados los niveles, “la Consejería de Familia está remitiendo cartas a las personas afectadas indicando que el derecho y servicios que les corresponde se hará efectivo desde el momento en el que se dicte la resolución, sin efecto retroactivo al 1 de julio, teniendo la administración seis meses para dictarla, que en los casos de prestación económica de cuidados en el entorno familiar se amplía hasta los dos años.”

La representante socialista recordó el compromiso realizado por la anterior consejera de Familia para que este derecho estuviera garantizado el 1 de julio de 2015 que, “a la vista de su incumplimiento por la Junta no ha sido más que un eslogan propagandístico y electoral del PP”, denunció tras subrayar que “estamos hablando de personas que están sufriendo una moratoria intolerable impuesta de hasta tres años y medio, que no merecen un nuevo portazo de la administración autonómica.”

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