El juez niega la posibilidad de deshacer la recepción de la plaza Santiago por parte del Ayuntamiento

Cata Plaza Santiago (Agosto 2022)

La justicia le ha dado un nuevo zasca al exalcalde, Daniel de la Rosa, del que lamentablemente vamos a pagar las consecuencias todos los burgaleses.

Y es que, el juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo ha desestimado la demanda de lesividad que presentó el Ayuntamiento contra la recepción de las obras de la plaza Santiago el 2 de septiembre de 2021.

Como muchos recordarán, antes incluso de que las obras acabasen, los vecinos empezaron a detectar goteras, nuevamente, en el interior del aparcamiento. De esta cuestión era conocedor el propio Daniel Garabito. Canal 54 le trasmitió las quejas que estaba recibiendo de los espectadores del programa Repaso a Burgos es esos primeros días de septiembre.

La polémica corrió como la polvora y pronto en el Ayuntamiento, los grupos de la oposición a la izquierda y a la derecha del Equipo de Gobierno, empezaron a exigir al entonces alcalde soluciones que no tuvieran coste para el ciudadano.

Mientras el Equipo de Gobierno de entonces intentaba escurrir el bulto anunciando investigaciones, la oposición detectaba modificaciones en los materiales de la obra que no figuraban en ningún expediente, y apuntaban a la posibilidad de estos nuevos materiales como causa de las goteras.

Tras varias catas, el anterior Equipo de Gobierno encarba un informe a la Universidad de Burgos que acababa por hundir las posibilidades de los burgaleses de que la obra se acabase bien. Y es que el informe sentenciaba que se había ejecutado correctamente. El propio concejal concluía que así, era difícil reclamarle nada a la empresa, que había cobrado más de 1,7 millones de euros por la actuación. Ante eso, el anterior Equipo de Gobierno utlizaba la fórmula de la «maquina del tiempo», que es la declaración de lesividad de su resolución. Un procedimiento administrativo que deshace el acto de recepción de la obra. Dicho de otra forma, con esa declaración, es como si el Ayuntamiento nunca hubiera aceptado que la obra ha acabado.

Ahora un juez le quita la razón al Ayuntamiento y condena en costas a todos los ciudadanos. El tribunal afea a la administración local que «se quiera desdecir de sus propios actos».

Así las cosas, la sentencia original, que tanta lucha vecinal costó, que obligaba al Ayuntamiento a acabar con las goteras, sigue sin ejecutarse. Arreglarla podría costar, ahora, otros 200.000 euros que, como no puede ser de otra manera, vamos a pagar todos los ciudadanos.

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