El Gobierno endurece los requisitos para garantizar el funcionamiento efectivo de las zonas de bajas emisiones
Los ayuntamientos deberán acreditar que aplican las restricciones de acceso y circulación y que sus sistemas de control están operativos, sin recurrir a moratorias que retrasen el régimen sancionador.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación de la normativa estatal que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE) para garantizar que estas áreas cuentan con restricciones reales al tráfico y cumplen su objetivo de reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero.
La reforma del Real Decreto 1052/2022 responde a las deficiencias detectadas durante los primeros años de aplicación de la normativa. Entre ellas, el Gobierno ha identificado moratorias prolongadas en la aplicación de sanciones, zonas sin limitaciones de acceso en función de las emisiones de los vehículos y delimitaciones territoriales que apenas incorporan nuevas restricciones al tráfico.
Con los cambios aprobados, los ayuntamientos obligados a establecer estas zonas deberán acreditar documentalmente que las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento están en vigor y se aplican de manera efectiva. También tendrán que demostrar que funcionan los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.
Otro de los aspectos que modifica la normativa es el régimen sancionador. Las ordenanzas municipales deberán contemplar y aplicar las sanciones previstas en la legislación estatal de tráfico, sin utilizar sistemas transitorios que retrasen su entrada en funcionamiento.
El Ejecutivo pretende así reforzar el cumplimiento de las medidas y facilitar la evaluación de los resultados de cada zona de bajas emisiones. La acreditación también podrá servir como referencia para acceder a instrumentos de financiación destinados a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
La regulación afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire, de acuerdo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021.
El Gobierno considera que estas zonas constituyen una herramienta para reducir la contaminación atmosférica, mejorar la salud pública y favorecer modelos de movilidad con menor dependencia del vehículo privado.
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