El desdoblamiento del TSJ entre Burgos y Valladolid genera debate sobre sus consecuencias

Desde que se conociera el borrador de la nueva Ley de de Demarcación y Planta Judicial, que indica la posibilidad de crear en la capital del Pisuerga otra sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, muchas han sido las voces críticas a este respecto, empezando por la del propio alcalde, quien ya ha avanzado que intentará defender la sede única en Burgos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aún con sede en Burgos, José Luis Concepción, afirmó publicamente estar convencido de que no prosperará la intención de desdoblar la sede, dividiendo las competencias. El mapa quedaría así: Burgos asumirá los casos de Burgos, Soria, Segovia y Ávila mientras que Valladolid se quedará con los de León, Zamora, Salamanca, Palencia y Valladolid.

Son muchos los que no entienden esta dualidad de sedes en una comunidad, máxime cuando además supone seguir ahondando en un problema territorial y administrativo no cerrado aún. Lo cierto es que Burgos viene viviendo una y otra vez las reiteradas ganas por arrastrar sedes y puestos de trabajo a otra ciudad sin que exista más justificación que una mera ubicación geográfica.
Es evidente el agravio comparativo que genera el hecho de pretender blindar a Valladolid de administraciones públicas y de funcionarios, cuando ni el Estatuto de Castilla y León la reconoce como capital de la comunidad. Pero en el caso de los jueces ¿qué trascendencia tiene esto para el ciudadano? Son este tipo de preguntas y debates los que nuestros responsables políticos y, en este caso, también judiciales deben hacerse ante el planteamiento del borrador de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

Esta ley busca una administración judicial más efectiva y operativa pero, tal y como se evidencia en el borrador, cuenta con varios flecos sueltos que deben estudiarse.

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