El Ayuntamiento pospone la Zona de Bajas Emisiones para hacer un estudio y que sea «menos restrictiva»

El Ayuntamiento de Burgos ha indiciado que aplazará los plazos de implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para desarrollar una nueva normativa «mejor» adaptada a la ciudad y «menos restrictiva».

El concejal de Movilidad y Transportes, José Antonio López, ha señalado que el Partido Popular no está de acuerdo con esta iniciativa, diseñada en su día por el anterior Equipo de Gobierno compuesto por el PSOE y Ciudadanos, debido a que tiene «deficiencias en su regulación». La formación azul, que votó en contra de este proyecto, sostiene que hay que darle una nueva vuelta al contenido del mismo porque el anterior Gobierno Municipal actuó y lo presentó de forma «improvisada».

Cabe recordar que la Zona de Bajas Emisiones establecía tres zonas de aplicación de restricciones al tráfico en función de los niveles de contaminación en la ciudad. La zona «cero», que coincidía con el centro histórico, concretamente con las calles Condestables y Santa Águeda, ya cuenta con restricciones de tráfico, pero según López, la normativa aquí “no era muy incisiva”.

Sin embargo, las zonas «básica» y «ampliada» presentaban restricciones más importantes con las que el el actual Consistorio no está de acuerdo. Una de las principales medidas que reclama López y que, bajo su criterio, no se encuentra bien regulada, es el establecimiento claro de un régimen sancionador. Algo de lo que el proyecto, según el edil, carece y que ya le hace perder mucha credibilidad.

Debido a esto, López afirma que de esta manera se «violaría el principio de legalidad y el principio de tipecidad sancionador», por lo que someterán a estudio técnico teniendo en cuenta la finalidad de la Zona de Bajas Emisiones, que no es otra que evitar la contaminación en la ciudad. Por ello, revisarán los valores de contaminación existentes en la ciudad de Burgos.

De este modo, el Ayuntamiento de Burgos introducirá modificaciones precisas para, según explica el concejal, “salvaguardar los intereses generales de los burgaleses”.

Hay que destacar que la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones deriva de una normativa europea de obligado cumplimiento, pero se cuenta con una moratoria hasta 2027. Así, el equipo de Gobierno va a intentar diseñar un proyecto, cumpliendo los plazos y trámites, pero que sea “menos incisivo”.

Por lo tanto, los siguientes pasos a dar son la emisión del dictamen correspondiente tras la resolución de las alegaciones presentadas al proyecto y el estudio de las modificaciones a introducir, con un análisis técnico para solucionar las deficiencias detectadas y elaborar un nuevo estudio de la normativa.

Mientras, el Ayuntamiento de Burgos está a la espera de que se resuelva el procedimiento judicial abierto por la denuncia presentada en el anterior mandato por la que fuera portavoz municipal del PP, Carolina Blasco, contra la adjudicación del contrato para la instalación del sistema de control, vigilancia y supervisión de las Zona de Bajas Emisiones.

En este aspecto, López ha confirmado que la tramitación municipal viene condicionada por el procedimiento judicial, pero que el Ayuntamiento no forma parte de él. Por lo tanto, la capacidad de disposición, ha recordado el edil, «es nula”.

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