El Ayuntamiento juega con la Ley de Protección de Datos y filtra a Diario de Burgos información privada

Exteriores Ayuntamiento Burgos (Septiembre 2022)

El ansia que tienen, algunos, en el Ayuntamiento de Burgos por ayudar al expresidiario Michel Méndez Pozo a vender periódicos, lleva, en ocasiones, a pasearse alegremente encima de la línea de la ley.

Es lo que ha ocurrido en los últimos días al filtrarse datos de caracter fiscal de la empresa concesionaria de la cafetería del Espolón. Unos datos, por cierto, sobre un procedimiento que se encuentra aún abierto. Cabe recordar, que la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 53, señala que cuando un expediente no está resuelto, solo tendrán acceso a este aquellos que tengan la condición de interesados.

Esto quiere decir que, si la empresa adjudicataria tiene algún tipo de problema para con el Ayuntamiento de Burgos, deberán cumplirse los plazos establecidos en la propia Ley para subsanarlo. Adelantarse a los acontecimientos, no solo implica ignorar la Protección de Datos, sino hacerlo con maldad.

Porque aquí no hay vuelta de hoja ni dobles interpretaciones. La publicación del artículo por parte de Diario de Burgos, busca únicamente hacer daño directo a la imagen del establecimiento, aunque para ello haya sido necesaria la complicidad de alguien desde dentro del Ayuntamiento y el desprecio absoluto por la Ley.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, y de forma más directa, la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, deben coger al toro por los cuernos y depurar responsabilidades en la administración local. Lo primero, sería identificar al funcionario o concejal responsables de la filtración de datos de carácter protegido.

Llama poderosamente la atención la dificultad que puede tener cualquier ciudadano, incluso utilizando el área de transparencia del propio Ayuntamiento, para conseguir información pública y lo sencillo que le resulta a Diario de Burgos hacerse con información privada.

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