El Ayuntamiento de Burgos se salta la ley para generar más de 1.700.000 euros de facturación en diferentes empresas

Exteriores Ayuntamiento Burgos (Septiembre 2022)

Una semana después de que finalizase el nuevo periodo abierto por el Ayuntamiento de Burgos, para que los hosteleros burgaleses solicitasen autorización para instalar sus terrazas nada ha cambiado.

El flagrante incumplimiento que se ha venido repitiendo, de manera sistemática, desde el año pasado, ha alcanzado, desde el pasado 22 de mayo, cotas escandalosas.

El propio Ayuntamiento ya confirmó hace 3 semanas que se habían desestimado algunas solicitudes, y aún así, permaneció impasible sin pedir formamente a estas empresas que retirasen sus terrazas. No solo no tenían permiso, sino que, además, sabían que no lo iba a tener. Es el mismo caso de cerca de medio centenar de empresas que, según confirmó el propio concejal de servicios, José Antonio López, ni tan si quiera habían solicitado autorización dentro del nuevo plazo.

La actuación municipal no es estéril. No solo se ha permitido la instalación de terrazas, ocupando el espacio público, sin la pertinente autorización que dicta la norma, sino que, además, esta acción ha supuesto un beneficio económico. Dicho de otra manera, concejales y funcionarios han pecado de inacción para beneficiar a empresas particulares. ¿De cuanto dinero estamos hablando? Los cálculos son prácticamente imposibles de hacer, si queremos la cifra exacta. Por ello, hemos ido a una opción de mínimos, muy mínimos:

Imaginemos que cada una de las 700 terrazas de nuestra ciudad han facturado la cifra de 500 euros al mes, desde el inicio de esta temporada, es decir, desde el 1 de enero. Hasta este 31 de mayo han pasado 5 meses, por lo que el importe de este enriquecimiento generado, exclusivamente, gracias a que el Ayuntamiento de Burgos ha permitido y consentido el incumplimiento reiterado de la ley, ascendería a 1.750.000 euros.

Posiblemente sea mucho más. Las variables son infinitas. Si pensamos en la terraza de un restaurante, probablemente la facturación sea de 500 euros al día; pero tal vez, un bar de barrio no haya llegado ni a 500 euros al mes. Los condicionantes climatológicos también hacen oscilar la clientela y, dicho sea de paso, algunos establecimientos, los menos, sí contaban con autorización desde los primeros días del año.

No podemos precisar cuántos porque el Ayuntamiento de Burgos guarda celosamente dicha información, en un ejercicio de oscurantismo, que solo viene a engordar la corrupción manifiesta que se ha consentido en el Ayuntamiento bajo la batuta de Ignacio Peña, primero y José Antonio López después, apoyados siempre por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con todo este asunto.

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