El Ayuntamiento de Burgos denuncia el convenio de seguridad de la Junta

Nuevos agentes de la Policía Local de Burgos

La concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero, ha explicado este viernes que el Consistorio ha denunciado el convenio de seguridad, protección civil y emergencias que mantiene con la Junta de Castilla y León desde 2005.

La razón, según ha explicado Carpintero, son los reiterados incumplimientos que ha visto este convenio desde su suscripción, ya que nunca llegó a materializarse y dejó al Ayuntamiento con una serie de obligaciones que no se vieron correspondidas con las pertinentes partidas económicas.

El origen de este convenio está catorce años atrás, en una firma del entonces alcalde, el ‘popular’ Juan Carlos Aparicio, con el Gobierno autonómico. A través de este convenio, se otorgaban a la Policía Local unas competencias que la convertían «casi» en una policía autonómica, a cambio de una serie de partidas económicas.

Entre otras cuestiones, el acuerdo estipula que la Policía Local actuaría como policía administrativa y gubernativa en actos o disposiciones de la Comunidad y que sus agentes en segunda actividad podrían destinarse a la vigilancia de dotaciones o edificios de propiedad de la Junta.

También fijaba la adquisición de nuevos medios para hacer frente a estas necesidades, como la compra de varios coches de policía y un nuevo sistema de videovigilancia.

Para hacer frente a estos gastos y como contraprestación, la Junta fijaba en aquella primera anualidad una partida de 200.000 euros, de la que abonó tras la firma del convenio la cantidad de 20.000 en concepto de adelanto.

Tras ese ingreso, nunca se llegaron a abonar los 180.000 euros restantes y, pese a que los sucesivos gobiernos ‘populares’ hicieron dejación de funciones en este aspecto y no lo reclamaron, el convenio se ha ido renovando anualmente de forma tácita.

Ahora, catorce años después, el PSOE ha decidido acabar con este convenio e instar al Gobierno autonómico a la negociación de nuevas cláusulas, con las correspondientes partidas presupuestarias, con el objetivo de seguir garantizando la seguridad y hacer frente a las pretensiones autonómicas.

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