El acuerdo marco de Servicios Sociales beneficiará a 180.000 personas en Burgos

Inmacula Ranedo Procuradora PP Burgos (Enero 2020)

La procuradora del Partido Popular por Burgos, Inmaculada Ranedo, ha presentado este jueves el acuerdo marco de Servicios Sociales, aprobado por la Junta de Castilla y León en diciembre del año pasado por un importe de 448 millones de euros. Este acuerdo marco establece la colaboración entre la Junta y las corporaciones locales, es decir, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones, para la cofinanciación de servicios sociales.

Este acuerdo se suscribe para los próximos cuatro años, hasta 2023. Esta es la principal novedad de esta convocatoria, ya que anteriormente solo se establecía una perioricidad de tres años. El objetivo es dotar de mayor estabilidad financiera a las entidades locales, manteniendo la estrecha colaboración entre ambas administraciones que es, según Ranedo, la clave del éxito de este programa.

En la convocatoria de 2020-2023, este acuerdo marco se suscribe con 24 corporaciones locales de toda la Comunidad, cuatro de ellas en la provincia. Se trata de los ayuntamiento de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, y la Diputación Provincial. En total se prestará servicio en las diferentes áreas de actuación a 180.000 personas y dará estabilidad a 1.241 empleos.

Inmaculada Ranedo ha explicado que este acuerdo marco se estructura en tres grandes ejes, los equipos de acción social, que permitirán mantener los servicios prestados en los 31 CEAS repartidos por la provincia, la atención a situaciones de dependencia y la red de protección a familias en riesgo de exclusión social.

Dentro de estos ámbitos se engloba la ayuda a domicilio, uno de los servicios más valorados en la provincia. Se destinarán 26 millones de euros en Burgos, y atenderá a más de 4.000 usuarios de toda la provincia. El servicio de teleasistencia por su parte estará dotado con 389.200 euros y que atenderá a más de 3.000 personas en nuestra provincia.

Otra de las novedades de esta convocatoria es la modificación del calendario de financiación, en el que se prevén cuatro pagos, del 25% en febrero, mayo, julio y septiembre. Las corporaciones locales adheridas a este acuerdo marco deberán realizar el primer pago en el mes de febrero.

Ranedo ha asegurado además que, con el objetivo de mejorar la prestación de estos servicios, la Junta podrá ampliar la financiación a determinadas corporaciones, en función de las necesidades que presenten, siempre y cuando la dotación presupuestaria destinada a este fin por el Gobierno central lo permita.