De la Rosa usa al asesor jurídico para pedir a la justicia que el PP ponga 3,5 millones si se suspende cautelarmente la Zona de Bajas Emisiones
El Grupo Municipal Popular no ha tenido más remedio que acudir al Contencioso-Administrativo para exigir al Equipo de Gobierno que cumpla con la ley en el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones.
Ante la pasividad del gobierno de Daniel de la Rosa y de la asesoría jurídica, mirando para otro lado pese a seguir adelante con un contrato sin los informes preceptivos que marca la ley, como un estudio de la calidad del aire o la aprobación de una ordenanza en la que los burgaleses podamos opinar y decidir sobre las Zonas de Bajas Emisiones.
De la Rosa ha cogido la directa y ha firmado un contrato, carente de muchos de los puntos que exige la norma, para gastarse cerca de 3,5 millones de euros en la compra e instalación de los equipo de control de accesos a la Zona de Bajas Emisiones. Las prisas han llevado al alcalde a esquivar la ley y han provocado que el Grupo Popular haya solicitado una medida cautelar para frenar la instalación hasta que se dirima si se han seguido o no los cauces que marca la ley.
Llegados a este punto, el Equipo de Gobierno ha decidio contra-atacar pidiendo al juez que no tenga en cuenta la medida cautelar solicitada por los populares o que, de tenerla en cuenta, pida al Partido Popular que deposite los 3,5 millones de euros del contrato.
La portavoz popular, Carolina Blasco, ha mostrado su sorpresa por la actuación del letrado municipal solicitando este medida y ha recordado que este señor no trabaja a sueldo del Equipo de Gobierno ni tiene encomendada la tarea de defenderlo. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Burgos está para asistir a los 27 concejales del Ayuntamiento de Burgos y para defender al conjunto de la administración local, no a unos contra otros.
En cualquier caso, Blasco ha querido poner de manifiesto las triquiñuelas que emplea De la Rosa para intentar salirse con la suya sea como sea.
Eso sí, la edil ya ha avanzado que en caso de que el Equipo de Gobierno siga adelante con sus planes para la zona de bajas emisiones y si ella gobernara en el próximo mandato, rebocará lo hecho y volverá al cauce legal dando la opción a los burgaleses de tomar decisiones en el marco de una nueva ordenanza que regule la Zona de Bajas Emisiones.
