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Cesados el secretario coordinador y el director del Servicio Común de la Oficina Judicial

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales, ante los ceses «inmotivados» del Secretario Coordinador Provincial de Burgos, José Luís Gómez Arroyo, y del Director del Servicio Común de Ejecución de la Oficina Judicial de Burgos, Julio Lucas Moral, manifiesta «su sorpresa y su indignación» por esta decisión del Ministerio de Justicia.

 

La organización considera que ambos ceses responden a la intención,» manifestada ya sin disimulo», de desmantelar y acabar con el modelo de Oficina Judicial que se diseñó en el ya lejano Pacto de Estado por la Justicia firmado entre otros por el propio Partido Popular y del que fue fruto la actual Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este modelo se había revelado como un sistema de organización idóneo, a juicio de la agrupación, para la gestión los medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Su finalidad era proporcionar a los ciudadanos,  por fin, un Servicio Público adecuado a las actuales necesidades sociales, superando la nefasta atomización y la descoordinación de los órganos judiciales que secularmente padece nuestro país.
Burgos, fue pionera en este proyecto, al ser la primera ciudad elegida para iniciar este nuevo modelo. José Luís Gómez Arroyo, como Secretario Coordinador Provincial al frente de todos los Secretarios Judiciales burgaleses y Julio Lucas Moral al frente del Servicio Común de Ejecución se han destacado por su intachable trayectoria profesional y su dedicación al éxito de esta iniciativa de excelencia, encarnando de forma ejemplar lo que se esperaba del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales según su configuración en la vigente LOPJ, así como en el Reglamento Orgánico de la Carrera.

Para la organización, los resultados de los dos años largos de vida de la Oficina Judicial han sido «absolutamente satisfactorios», según datos estadísticos incontestables, a pesar de las constantes informaciones interesadamente deformadas para ocultar a la opinión pública aquella realidad.
Hace pocas fechas, las conclusiones formuladas por los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia reunidos en Cáceres auguraban una involución en el modelo de eficacia de la Justicia, sustentados únicamente sobre intereses corporativos, muy alejados de la preocupación por el servicio público que debiera imbuir cualquier actuación de los máximos representantes de la Judicatura. Actitud corporativista respaldada así por el Ministro de Justicia, cuya intención dista mucho de mejorar la atención a los ciudadanos, en  inaceptable involución, remitiendo a determinados cargos de la judicatura, como liberados judiciales, a actividades de representación y gestión con merma de su actividad jurisdiccional, y seleccionados por un sistema de nombramientos clientelar y degradado que residencia sus decisiones en un modelo de Consejo General del Poder Judicial a todas luces agonizante.

Debemos recordar que hace aproximadamente un año, el Ministro Ruiz-Gallardón cesó también al Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Jesús Olarte Madero, excelente profesional y miembro destacado del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

«Decisiones de este tipo, ajenas a cualquier motivación profesional, pretenden  desprestigiar al Cuerpo de Secretarios Judiciales, especialmente en la selección de sus órganos superiores, pretendiendo relegar la capacidad y el mérito en beneficio del seguidismo y la politización más patente», han concluido las mismas fuentes.

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