Castilla y León Televisión: el contrato disfrazado de subvención

Méndez-Pozo

La multimillonaria aportación de la Junta de Castilla y León a la televisión de Michel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri esconde una maldad en la forma de entregar dicha cantidad.

Han sido los diferentes Consejos de Gobierno de la Junta de Castilla y León desde 2009 hasta hoy los que han aprobado anualmente las diferentes subvenciones entregadas a la empresa privada RTVCYL.

En el año 2018, la Audiencia Nacional sentencia que el llamado «contrato programa» de la Junta de Castilla y León con Radio Televisión Castilla y León no puede ser una subvención, sino una constraprestación y, por lo tanto, está sujeta al pago de IVA. Finalizaba así un procedimiento largo que arrancaba en 2011, cuando la Agencia Tributaria empezó a exigir el IVA a la empresa de Méndez Pozo y Ulibarri.

Pues bien, ni cortos ni perezosos, los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta aprobaron en julio de 2018, cinco meses después de aprobar la subvención anual de 18 millones, otros 27,6 millones de euros para que abonase el IVA de los últimos 9 años.

Se pasaba de puntillas por el hecho de que, si no se trataba de una subvención era, entonces, un contrato. Y la ley de contratos impide adjudicar dichas cantidades sin un concurso público. Así pues, hasta 2018, la Junta estuvo contratando los servicios de RTVCYL sin contrato y a dedo con cantidades anuales que oscilaron entre los 25 y los 18 millones de euros según anualidad.

Pero en 2019 siguieron sin darse por aludidos y, de nuevo, el Consejo de Gobierno aprobó una subvención por valor, en esta ocasión de 1 millón de euros más, 19 millones, para los dos empresarios de la construcción. El millón de más, según la documentación a la que ha tenido acceso Canal 54, se entrega para «incluir toda cantidad que, en su caso, se tuviera que abonar en concepto de IVA».

Por tanto, la sentencia de la Audiencia Nacional no solo no tuvo consecuencias negativas para la sociedad participada entre dos personas que han pasado por la cárcel, sino que, la administración pública les pagó la deuda con Hacienda y, posteriormente, continuó adjudicando el dinero cómo si de una subvención se tratase, aunmentando el importe para hacer frente al posible IVA.

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