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Castilla y León, primera comunidad en aprobar ayudas para huérfanos por violencia de género

Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportundiades
Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportundiades

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha anunciado que en próximos días la Junta va a aprobar un Decreto en el que se contemplan dos actuaciones o ayudas: por un lado, la concesión de una ayuda económica a los hijos menores de edad de las mujeres víctimas mortales por violencia de género, por un importe fijo anual de 5.000 euros, hasta alcanzar la mayoría de edad, que será compatible con otras ayudas nacionales y con otras prestaciones y ayudas públicas o privadas que les pudieran corresponder.

Junto a esto, el Decreto también regulará el acceso gratuito a los estudios universitarios en las universidades públicas de Castilla y León para huérfanos menores de 26 años, abarcando tanto los servicios académicos como los complementarios. Se prevé también su extensión a las universidades privadas de Castilla y León mediante los correspondientes acuerdos de colaboración.Alicia García ha avanzado esta iniciativa en la entrega de las distinciones ‘Óptima Castilla y León 2017’, unos reconocimientos que entrega la Junta de Castilla y León y que valoran y reconocen la implantación de medidas en ámbitos como la integración de la perspectiva de género en la organización de la empresa; comunicación; acceso, promoción y desempeño del trabajo en condiciones de igualdad y equiparación salarial de género; conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y medidas de prevención del acoso sexual.Precisamente, en febrero de este año, la Junta reforzó la distinción ‘ÓPTIMA’ por Decreto para que las empresas que posean esta distinción, lo que significa que están especialmente comprometidas con la igualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres y que han implementado medidas al respecto, puedan tener determinados beneficios sociales y económicos, como que sean tenidas en cuenta en las licitaciones de los contratos que efectúe la Administración autonómica y en las subvenciones que se convoquen dirigidas al sector empresarial.

Esta iniciativa es fruto del consenso y participación en el marco del Diálogo Social.

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