Burgos Acoge logra que la Junta estudie las facturas del Hospital Universitario
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, se ha comprometido a que, en breve, la Junta dé una solución a los «sin papeles» a los que se les ha emitido facturas por diferentes atenciones sanitarias en el Hospital Universitario de Burgos.
A este acuerdo se ha comprometido el máximo responsable de Sanidad de la Junta, quien ha abordado este asunto junto a los procuradores socialistas María Fernanda Blanco y Julián Simón de la Torre y representantes de la asociación de ayuda al inmigrante Burgos ACOGE en una reunión mantenida en la Consejería de Sanidad y que se ha materializado gracias a la petición e interés del Partido Socialista de Burgos.
Como relata María Fernanda Blanco, Sáez Aguado, quien no ha fijado un plazo máximo para dar solución administrativa a estos casos, sí ha asegurado que se realizará con la mayor rapidez posible. Así, dependiendo de la situación del paciente, se procedería a paralizar los procedimientos de cobro que todavía estén pendientes.
También ha asegurado que a los inmigrantes que estén en los siguientes supuestos: enfermedades graves, accidentes, embarazadas y menores, y que acrediten la insuficiencia de recursos, no se procederá a cobrarles cuantías por ofrecerles asistencia médica.
Blanco remarca que en esta reunión el consejero no ha negado que se esté facturando y cobrando en determinados casos que el decreto del Gobierno central del PP contempla como excepciones. De hecho, “esta norma ha creado un grave problema al excluir a los inmigrantes ilegales”, señala Blanco, quien también destaca que Sáez Aguado ha admitido que la Comunidad Autónoma tiene dificultades para determinar en qué casos no se debería emitir y exigir el cobro de estas facturas.
El Partido Socialista de Burgos, por la inseguridad jurídica creada por este decreto del Partido Popular, espera que este compromiso de Sáez Aguado se materialice a la mayor brevedad posible y se pueda establecer un “protocolo fiable” para la certificación de ausencia de recursos para los inmigrantes en situación irregular sin respaldo económico suficiente.
Igualmente, Blanco insiste en que el objetivo del Partido Socialista es que el Gobierno de la Nación retire este decreto “totalmente injusto” y que supone “otra agresión” al Estado del Bienestar y que además tiene efectos “muy perjudiciales” para la salud de los inmigrantes y de los que no lo son, como lo está demostrando la evolución del dramático caso del inmigrante afectado por tuberculosis en Baleares”.
