Así de «sin-vergüenza» son los que mandan

Pedro Sanchez Presidente Gobierno (Mayo 2020)

El pasado 14 de marzo de 2020 España se paró. Un estado de alarma, que después se ha demostrado ilegal, frenó en seco gran cantidad de actividades económica que, aún a día de hoy, no han terminado de reactivarse. Y eso las que no murieron por el camino.

Pasado unas semanas, con tranquilidad y calma, los políticos empezaron a pensar que igual, a lo mejor, al prohibir a la gente trabajar los ciudadanos tendrían dificultades para conseguir dinero con el que comprar comida o pagar el alquiler o la hipoteca. Tras muchas vueltas se les ocurrió dar algunas ayudas que, ya solo en su planteamiento inicial, sonaban insuficientes.

Después vinieron los «peros», las condiciones para cobrar las ayudas que no se impusieron para prohibir llevar a cabo ninguna actividad comercial.

Y por último llegaron las excusas para jusificar porqué se tardaban tanto en cobrar dichas ayudas urgentes.

Y así pasaron meses y meses, mientras los ciudadanos lo pasaban francamente mal. Pero nos decían que era difícil, complicado, que los ritmos de la administración son los que son y todas esas cosas que, seguramente, algún ciudadano llegó a creerse.

Y así llegamos al 26 de octubre donde ocurre otra cosa completamente diferente: el Tribunal Constitucional tumba el impuesto de plusvalías de los Ayuntamientos, que no deja de ser otra forma de sangrar económicamente a los ciudadanos para que paguen por lo que es suyo. En ese momento cunde el pánico. Cientos de alcaldes, entre ellos el de Burgos, se llevan a las manos a la cabeza por los 2.300 millones de euros que van a dejar de ingresar. En Burgos, 10.100.000 euros se perderían por el camino.

Pues bien, menos de dos semanas después, el próximo lunes, el Consejo de Ministros ya tiene preparado un nuevo impuesto para sustituir a este que permita a los Ayuntamiento no perder ni un euro de recaudación.

Durante los momentos más difíciles de la pandemia, muchos pedían a las administraciones pública ayudas para paliar todo o parte de la facturación perdida, como en otros países. No faltaron voces, como la del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que decían que en España eso era inviable, por ejemplo, en el sector hostelero por la cantidad de negocios que había. Es decir, que las administraciones no podían cubrir ni tan si quiera un porcentaje de las perdidas causadas por las decisiones políticas.

Sin embargo, cuando es la administración la que cobraba de forma ilegal un impuesto, sí podemos hacer un esfuerzo los ciudadanos para resarcir la posible pérdida de los Ayuntamientos. En el caso del de Burgos, 10 millones que son, fundamentalmente, los que se destinan a caprichos electoralistas.

Así que si de algo carecen nuestros políticos es de vergüenza.