ACAIP Burgos regala chorizos para denunciar la situación «caótica» del sistema penitenciario

Acaib-Burgos-funcionarios-de-prisiones-Agosto-2017

Vendiendo chorizos. Así hemos podido ver esta mañana a los miembros de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias de Burgos (ACAIP), frente al edificio de la Subdelegación del Gobierno. Todo ello para denunciar «la situación caótica» que está viviendo en la actualidad el sector penitenciario, que se encuentra «al borde del colapso», debido al trabajo «pésimo» del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste en estos últimos cinco años.

Así lo ha explicado el Delegado General de ACAIP en Burgos, Valentín Gómez, quién ha expuesto todos los puntos que quieren reivindicar y exigir al Ministerio de Interior. Según ha explicado Gómez, este sindicato mayoritario en el sector de prisiones ha comenzado un proceso de movilizaciones en el que solicitan el cese inmediato de Yuste, que con un sueldo de unos 123.000 euros al año gestiona la institución penitenciaria de una manera «incompetente e indecente», sin un proyecto de futuro ni una estrategia de desarrollo y actuación que mejoren el sistema y las necesidades de los funcionarios.ACAIP denuncia entre otras cosas una mayor oferta de empleo público que cubra las necesidades reales y urgentes del sistema penitenciario, debido a la falta de personal cada vez mayor, que están sufriendo las prisiones. En el caso de Burgos, sería necesaria la contratación de al menos 100 funcionarios y sólo trabajan en la actualidad unos 50, la mayoría de ellos en edad próxima a la jubilación. Además Gómez explica que desde hace 5 años no se ha cubierto ninguna plaza nueva, por lo que cada vez cuentan con una plantilla mucho más reducida, con la que es imposible hacer frente al «durísimo trabajo diario de la prisión». Por ello, ACAIP insta a Interior a que firme un compromiso en el que se concrete la convocatoria de 3.500 plazas de nueva incorporación a lo largo de los próximos 4 años.También solicitan una regulación específica de su trabajo, donde se les reconozca como agentes de la autoridad, ya que las características de sus funciones, entre ellas el trato con internos peligrosos, hacen que su trabajo sea muy diferente al que llevan a cabo otros miembros de la Administración Pública. Además exigen volver a pertenecer al Ministerio de Justicia, y no a Interior. Gómez recuerda que en toda Europa los funcionarios de prisiones están dentro de Justicia, excepto en España, situación que se tiene que revertir de inmediato.

Otros puntos que los funcionarios quieren debatir son la retirada de la seguridad privada en las prisiones y que se garantice un sistema de salud laboral entre los funcionarios que defiendan las agresiones que éstos sufren por parte de la población reclusa.