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550 trabajadores de Justicia de Burgos se verían afectados por la Ley de Eficiencia Organizativa

Los trabajadores de Justicia han salido a la calle, una vez más, para instar al Ministerio de Justicia a que negocie con los diferentes sindicatos las condiciones que recoge la Ley de Eficiencia Organizativa, ya que sólo se ha limitado a informar que seguirá adelante con la nueva ley sin admitir las numerosas enmiendas.

De aplicarse esta ley a día de hoy, tan solo en la provincia de Burgos, se verían afectados más de 500 funcionarios, y alrededor de 50.000 en el conjunto nacional, ya que le Ley afectaría a todas las Comunidades AutónomAs. El documento recoge una reorganización que pasa por suprimir los juzgados tal y como se conocen actualmente para dar paso a una macrooficina en las que trabajarían conjuntamente servicios comunes y el departamento de tramitación.

A mayores, tal y como destaca el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ),  Alberto Arroyo, esta ley también supone un atropello a los derechos de los trabajadores ya que no garantizaría las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal funcionario.

En este sentido, Arroyo ha instado al Ministerio a que si de verdad quiere mejorar el sistema judicial, lo haga «invirtiendo en herramientas informáticas, ya que las de ahora son ineficaces». Además, sería necesario invertir en un «incremento de plantilla allí donde fuera necesario».

Los trabajadores de justicia han alertado con concurrir a una huelga si desde el Ministerio se sigue avanzando en esta ley sin negociación alguna. Por el momento, señalan desde los sindicatos, la ley se encuentra en trámita parlamentario, por lo que se está a tiempo de pararla. En el caso de que se diese luz verde, pasaría al Senado, donde se podrían presentar enmiendas o retirar aspectos nocivos.

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