224 sentencias penales condenatorias contra agresores a personal de Sacyl

Las multas económicas van de los 300 a los 600 euros

Verónica Casado, consejera de Sanidad

Los tribunales ya han dictado 224 sentencias penales condenatorias contra agresores a personal de Sacyl, 92 de ellas por delito, cifra a la que hay que sumar otras 59 resoluciones de la Junta que sancionan al agresor a multas económicas entre 300 y 600 euros.

Son datos que ha puesto de manifiesto la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha participado junto al gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, en una concentración de repulsa por la reciente agresión a una médico del Centro de Salud Parquesol (Valladolid).

Casado ha explicado que las agresiones acarrean importantes consecuencias para sus autores, con la novedad de que la mayoría de esas sentencias condenatorias califican los hechos como atentado a funcionario público, pues la ley concede la consideración de autoridad pública a los profesionales de los centros sanitarios.

El compromiso en la lucha contra estos hechos, ha remarcado la consejera, incluye que la Junta remite a la Fiscalía todas las denuncias presentadas por el personal de Sacyl agredido, mientras que la normativa regional tipifica como faltas determinados comportamientos de los usuarios, tales como faltas de respeto, incorrecto uso de instalaciones o servicios, coacciones, amenazas, represalias y agresiones a los profesionales de las instituciones sanitarias.

Casado ha advertido que cada vez se registran con mayor frecuencia coacciones, amenazas y agresiones contra el personal, actos violentos que afectan a la prestación del servicio y distorsionan la relación con los pacientes, por lo que ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para combatir este fenómeno desde el respeto a la labor realizada por los profesionales.

A su juicio, el daño que se hace a estos profesionales agredidos es “inmenso, tanto física como psicológicamente, porque se hace daño a la persona. Pero además se daña al sistema sanitario y se altera la organización del centro”.

Desde el año 2008 se han adoptado multitud de iniciativas desde la Junta de Castilla y León para tratar de frenar este problema, que sólo el año pasado contabilizó 579 trabajadores agredidos, incluida la defensa jurídica de los profesionales con un teléfono 24 horas o el apoyo del teléfono 012 de la Junta, medidas organizativas en los centros, la asistencia médica y psicológica, la creación de un mapa con los puntos más conflictivos  y diversas acciones de formación.

La consejera ha querido destacar por último la colaboración con otras instituciones en la adopción de medidas, aparte del estamento judicial, como el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería, los cuerpos de seguridad del Estado o el Colegio de Psicólogos de Castilla y León.

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