Suspendida cautelarmente la orden de la Junta que determina qué animales se pueden cazar

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado la petición del Partido Animalista contra el Maltrato Animal y ha suspendido cautelarmente la orden anual de caza dictada por la Junta de Castilla y León que determina qué especies, dentro de las declaradas cinegéticas, pueden ser cazadas.

En el auto, los magistrados reproducen en esencia los argumentos por los que la pasada semana suspendieron de forma provisional el decreto que regula la conservación y el aprovechamiento de las especies cinegéticas en la región, así como el control poblacional de la fauna silvestre.

Según la Sala, las dos normas suspendidas cautelarmente ahora incurren en los mismos vicios por los que el TSJ ya anuló la normativa anterior que regulaba la caza en sendas sentencias de 2017 y 2018, alegando que no existen informes científicos objetivos y actuales que garanticen el ejercicio de la caza en condiciones de sostenibilidad.

La carencia de estos estudios llevó al TSJ a anular en 2017 el decreto autonómico que regulaba la caza. En 2018 también anuló la orden anual de caza que lo completaba, en un sentencia que no fue recurrida por la Administración y que, por tanto, es firme. En ambas resoluciones, la Sala ya fijó los criterios que debían abordar esos informes, como el niveles poblaciones y la distribución geográfica e índice de reproductividad de las especies cuya caza se regulaba.

La Junta de Castilla y León aprobó entonces otro decreto y otra orden para sustituir a los parcialmente anulados en mayo de 2017 y en marzo de 2018. Lo hizo desoyendo al Tribunal, con informes antiguos, con datos de otros territorios o extraídos de bases de datos no científicas y sin responder a las tres exigencias ya fijadas por los magistrados. Esta circunstancia ha llevado a los magistrados a acordar la suspensión cautelar para evitar “daños irreparables” en la fauna.

En sus resoluciones, los magistrados destacan la importancia económica y social de la caza en Castilla y León y la necesidad de que se regule respetando la normativa europea, nacional y autonómica, y atendiendo a criterios de sostenibilidad que garanticen la permanencia de este recurso. Por tal motivo, defienden que no basta con autorizar la práctica de la caza sino que hay que hacerlo en condiciones que aseguren que la misma no perjudica el estado de conservación de las especies.

Además la Sala rechaza la pretensión de la Junta para que se exigiera al PACMA una fianza para cubrir los daños y perjuicios derivados de la suspensión acordada.

El auto, que no es firme, no ha sido dictado por unanimidad de los cuatro magistrados que integran el tribunal. Uno de ellos ha emitido un voto particular, y considera que el Partido Animalista no concreta el “perjuicio de carácter irreparable” que causaría la caza, y detalla que la petición del PACMA debería rechazarse porque la Consejería de Agricultura sí detalla los daños que generaría la suspensión de la orden de caza, como daños a los ecosistemas y a la fauna protegida, a la siniestralidad viaria, al impacto económico, a los daños en la agricultura y en la sanidad animal, y a los perjuicios para la salud de las personas y para la hacienda Pública.

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