Rico: “Castilla y León tiene la competencia exclusiva en asistencia social y servicios sociales”

Castilla y Leon

Ayer conocíamos el planteamiento de la Junta de Castilla y León sobre las competencias de la Diputación Provincial de Burgos, con respecto a las residencias de asistencia a personas mayores. El gerente de Servicios Sociales de la Junta, Carlos Raúl de Pablos apuntaba que estas residencias no sólo son competencias de la Institución Provincial, sino que son también de su titularidad, por lo que la Junta no esta obligada a asumir su gestión, si no se transfieren dichas competencias.

Hoy el presidente de la Diputación, César Rico, ha respondido que “está perplejo” ante las manifestaciones del gerente de Servicios Sociales de la Comunidad. Rico ha explicado, como en anteriores ocasiones, que la Diputación Provincial tienen un presupuesto de 31 millones de euros, de los cuales 21 millones son generados por los centros residenciales, lo que supone una aportación de fondos propios de 16 millones al año, que podrían ir destinadas a otras competencias que sí que son propias de la Diputación.

Cesar Rico sí ha dado la razón a De Pablos en que “tradicionalmente” las diputaciones provinciales están gestionando centros residenciales de la tercera edad, pero matiza que hay que hacer un retroceso a la Ley de Bases de Régimen Local de 1954 que establecía que las instituciones provinciales tenían que gestionar centros para la tercera edad, un hospital provincial, un hospital psiquiátrico y una residencia infantil. Sin embargo, cuando se produce el traspaso de competencias de las Comunidades Autónomas, éstas “cogen lo que estiman conveniente”, y es por eso que a día de hoy la Diputación sólo tiene una residencia de ancianos.

Rico ha expuesto que la legislación vigente ha ido cambiando, y se ha establecido en el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad, entre otras cosas, que la Junta de Castilla y León tiene la competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales, y desarrollo comunitario, y que las diputaciones pueden colaborar, pero no gestionar estas competencias que les sería impropias.

Rico ha apuntado además que se han dirigido en muchas ocasiones a la Diputación para solicitar por ejemplo, una comisión de propietarios para sufragar los gastos comunes del recinto Fuentes Blancas, en el que la Junta tiene tres centros, y la Diputación tienen dos. Solicitud que nunca ha obtenido respuesta. Y este sólo es un ejemplo, otros han sido, que se revise el acuerdo marco para agilizar pagos, o proposición exigiendo los pagos que se adeudan a la Diputación. También se instó al Gobierno Central a que se estableciera cuales eran las competencias de cada administración, y por eso se estableció una Ley de Racionalización, en la cual se establece cuales son los límites de cada institución. Además en la propia Ley de Ordenación del Territorio la que establece que la Comunidad Autónoma debe asumir las competencias de titularidad de la Diputación y de los municipios, y también que se constituyan comisiones mixtas para traspasar las competencias a la Administración Autonómica.

Y esto es precisamente lo que solicita la Institución Provincial de Burgos. Y es que según ha avanzado Rico va a remitir un escrito señalando que el acuerdo marco es una decisión directa de la Comunidad Autónoma, sin una negociación previa con las diputaciones, y por ello solicita una reunión con todos los presidentes de las instituciones provinciales de la Comunidad, para abordar el tema de la financiación de los servicios sociales, competencia exclusiva de Castilla y León.

El objetivo para Rico es que esta negociación de como resultado la trasferencia de estas funciones en un periodo transitorio, o por lo menos trabajar en el camino a seguir para que Castilla y León gestione todas las competencias en el ámbito de servicios sociales que a día de hoy asumen de manera impropia las diputaciones, o si decide delegarlas, que page integramente el coste del servicio.

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